Se necesitan medios para poder llegar a todo
La teoría ya está escrita. Ahora toca que funcione en la práctica. Ese fue el mensaje que dejó la cuarta y última mesa redonda de las jornadas organizadas por la Fundación Aequitas, celebrada este viernes en el Parlamento asturiano. Durante algo más de dos horas, notarios, jueces, fiscales y profesionales del ámbito social repasaron cómo está funcionando la Ley 8/2021 y coincidieron en una idea: el gran cambio ya no consiste en decidir por las personas con discapacidad, sino en ofrecerles el apoyo necesario para que sean ellos quienes tomen sus propias decisiones.
[–>[–>[–>Al debate acudieron Almudena Castro-Girona, notaria y directora de la Fundación Aequitas; Fernando Leserna, fiscal delegado de Personas con Discapacidad y Mayores de Asturias; Rosa Mª Fernández, magistrada y delegada de discapacidad en el Principado del CGPJ; Beatriz Ordiz, letrada del FASAD, y por último, Dolores Palacios, profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Oviedo y moderadora de la mesa.
[–> [–>[–>La encargada de abrir el turno de intervenciones fue la propia directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona, que dejó varios mensajes destacados de la jornada: «Para que las cosas se muevan, tiene que haber siempre un motor que lo empuje» añadió, antes de reconocer que su trabajo «no ha cambiado mucho, pero ha cambiado profundamente«, explicó. Y enseguida aclaró el porqué. «Ahora vemos a las personas con discapacidad en las notarías«.
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El fiscal delegado de Personas con Discapacidad y Mayores de Asturias, Fernando Laserna Cocina, aprovechó su intervención para reclamar más medios. Explicó que la Fiscalía especializada atiende cada vez más asuntos y defendió la necesidad de contar con una unidad de trabajo social que permita conocer mejor la realidad de las personas antes de adoptar cualquier decisión: «se necesitan medios sociales para poder llegar a todo».
[–>[–>[–>«Somos servidores públicos y tenemos que atender los problemas de la gente», afirmó. En su opinión, disponer de trabajadores sociales facilitaría muchas actuaciones y permitiría resolver algunos conflictos antes incluso de que llegaran a los tribunales, e insistió además en que el cambio no depende únicamente de la ley. «Tenemos que cambiar la mirada», dijo, convencido de que todavía hace falta más formación y más información para que familias, profesionales e instituciones conozcan todas las posibilidades que ofrecen las medidas de apoyo.
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Antes, recordó, era frecuente que las decisiones se adoptaran sin que ellas estuvieran presentes. «Teníamos un único sistema para todos. A mí me venía una persona con discapacidad intelectual o con una discapacidad psicosocial, o cualquier tipo de discapacidad, y la ley me obligaba a mandarle al procedimiento de incapacitación para hacer un acto en concreto. Su vida seguía igual, yo no la he mejorado, pero le tenían que incapacitar para aceptar la herencia de su padre, por ejemplo», explicó. Y añadía que: «En la actualidad, ya no tenemos un único sistema. Tenemos una pluralidad de mecanismos y medios que van a permitir a cada uno de nosotros el poder apuntalar el que la persona pueda ejercitar sus derechos«.
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[–>Castro-Girona defendió que el nuevo modelo obliga a escuchar mucho más y a buscar soluciones distintas para cada persona. «Tenemos muchos bisturíes y no podemos utilizar el mismo para todos», dijo para explicar que las medidas de apoyo no pueden aplicarse de forma automática. Cada situación insistió, requiere una respuesta diferente. También puso el foco en algo que considera esencial y que, a su juicio, a veces pasa desapercibido: el tiempo. «Escuchar lleva tiempo«, vino a decir durante su intervención. Porque conocer qué quiere una persona, entender sus circunstancias y ayudarla a expresar su voluntad no puede resolverse con «respuestas estandarizadas«.
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Después tomó la palabra la magistrada Rosa María Fernández Pérez, delegada de discapacidad del Consejo General del Poder Judicial en Asturias. Una de las preguntas sobre la mesa era si la ley había logrado reducir la intervención de los juzgados. Su respuesta fue clara. «Sí, hay una desjudicialización», aseguró. Fernández Pérez apoyó esa afirmación en los datos de los juzgados especializados asturianos, donde los expedientes de jurisdicción voluntaria siguen siendo muy superiores a los procedimientos contenciosos. Para la magistrada, eso demuestra que muchas situaciones encuentran solución sin necesidad de un enfrentamiento judicial.
[–>[–>[–>«La Ley 8/2021 está funcionando en el sentido de que hay personas con discapacidad que están funcionando en su vida cotidiana con las medidas de apoyo voluntarias que, además, son bastante amplias para que se pueda atender a cada circunstancia concreta de la persona con discapacidad. Van desde las que se adopten escritura pública notarial, la autocuratela, los mandatos preventivos y la guarda de hecho», concluyó. Eso sí, quiso huir de recetas únicas: «No podemos pensar que siempre la guarda de hecho es la mejor solución o que la curatela es peor». Lo importante, insistió, es analizar cada caso y escoger la medida que realmente responda a las necesidades de la persona.
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Por su parte la letrada del FASAD, Beatriz Ordiz Barreiro, habló desde la experiencia de trabajar cada día con personas que necesitan esos apoyos. Reconoció que desde la entrada en vigor de la ley se han dado pasos importantes y destacó la implicación que encuentra en muchos juzgados asturianos. «He visto quitarse la toga tanto a fiscales como a magistrados para sentarse al lado de las personas con discapacidad y explicarles las cosas», contó.
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La letrada también coincidió con el resto de ponentes en que todavía queda trabajo por hacer. A su juicio, sigue siendo necesario reforzar la formación de muchos profesionales para evitar que se recurra a procedimientos judiciales cuando existen otras alternativas previstas por la ley.
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