A la hora de calcular la capacidad contributiva y la aportación que deben realizar al régimen común las comunidades, no se tienen en cuenta estas exenciones. Contempla su capacidad normativaes decir, lo que ganarían sin aplicar deducciones, no la colección real que reciben cada año.

Este proceso penaliza a todas las autonomías del régimen común (sin el País Vasco y Navarra), que a pesar de ganar menos con herencias y donacionescontribuirán más al sistema. Como si estos recursos hubieran entrado en sus arcas y en los ingresos reales de sus ciudadanos.

Es decir, autonomías como Madrid, que ha sido acusada de hacer dumping fiscal desde otras regiones por subsidiar el impuesto entre familiares de primer grado en un 100%, no sólo recauda menos por ese impuesto.

Además aporta más para el reparto del sistema entre las Comunidades Autónomas de menores rentas, porque su capacidad potencial para entrar con este impuesto es muy elevada.

La distribución para cada comunidad dependerá de la suma de todos los impuestos que recibe cada comunidad. alcanzar el 75% de la medida de recursos por habitante (nivelación horizontal).

Y de esa capacidad contributiva también dependerá si se aporta al sistema o se recibe una compensación. reducir en dos tercios la distancia de cada Comunidad Autónoma a la que tiene más recursos, que es la Comunidad de Madrid (nivelación vertical).

Evidentemente, ese no es el único impuesto que se incluye en la capacidad tributaria de cada autonomía. Ni mucho menos el más cuantioso. Aunque sí puede ser el más problemático a la hora de negociar el modelo con los consejeros de Economía y Hacienda, si es que se llega a hacer.

Por lo pronto, Hacienda se ha molestado en enviar un informe técnico pormenorizado para justificar el cálculo estimativo que hace de esos ingresos en todas las regiones que mantienen ventajas fiscales en ese tributo.

Hasta ahora era muy complicado hacer ese cálculo por la falta de bases de datos que desglosaran de forma fidedigna cuál es la recaudación real y potencial de las CCAA en un tributo tan complejo como Sucesiones y Donaciones.

Las tablas que ofrece el análisis realizado entre 2009 y 2022 (no hay datos cerrados más recientes) demuestran grandes variaciones entre un año y otro, dada la disparidad de tarifas y bonificaciones de cada autonomía.

En la revisión del modelo de financiación de 2009 se abrió a las CCAA la capacidad normativa casi total sobre el tributo, y los datos se pierden a partir de ahí. El ingreso real del tributo es de 3.181 millones en 2022, frente a una capacidad normativa para obtener más de 4.000 millones.

La Comunidad de Madrid podría haber ingresado 802 millones y se quedó en 662. Eso es apenas un 17% menos. En otras comunidades, con mucha menos actividad y renta, los montantes son menores y las diferencias porcentuales mayores.

Curiosamente, en Cataluña, el efecto hace ya cuatro años fue el contrario: se le calculaban unos ingresos estándar de 764 millones y la recaudación real fue de 891 millones, un 16,7% más.

Ante este maremágnum de datos poco fiables repartidos por toda la geografía nacional, el análisis de Hacienda opta por escudriñar cuatro complicados modelos econométricos de expertos de prestigio. Pero tampoco llega a ningún resultado concluyente.

Al final, la decisión salomónica que ha llegado a las CCAA este viernes es que su recaudación normativa por Sucesiones y Donaciones se estimará como “el triple de la recaudación real del impuesto de cada comunidad en 1999, actualizado bien por la evolución del PIB aplicable a fallecidos o bien por la evolución del ITE”, que son los Ingresos Tributarios del Estado.

Esa “fórmula de consenso” a la que se ha llegado ante “la dificultad de afirmar de manera sólida que un método de evolución permite dar con el valor normativo más idóneo”, es con la que todas las CCAA del PP con ventajas fiscales en ese tributo se tienen que poner a calcular ahora cómo queda su financiación.

Según el último análisis de la imposición autonómica del REAF, las comunidades que prácticamente liberan de pagar este impuesto entre familiares de primer grado son Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Valencia, las once del PP.

Uno de los últimos estudios del Banco de España de finales del año pasado estimaba una recaudación potencial por Sucesiones y Donaciones en España de entre 7.000 y 10.000 millones en España. Frente a ello y pese a la falta de datos fiables, la recaudación real apenas llega a los 4.000 millones.

Más homenajes

Esta cesta de capacidad tributaria incluye todos los ingresos tributarios transferidos a las CCAA y la parte que ahora se amplía desde la IRPF (55%) e IVA (56,5%), junto con el 58% de Impuestos Especiales (tabaco, alcohol, hidrocarburos y electricidad).

Entre los traspasados ​​se encuentra el cobro por Transmisiones Patrimonialesdesencadenada por la subida de precios de la vivienda usada y que disparará el cálculo en las comunidades más caras, junto a la AJD y otra de las figuras polémicas, la Impuesto sobre el Patrimonio.

Los créditos fiscales por este impuesto ya han frenado el impuesto a las grandes fortunas. Por si acaso, el documento deja claro que «se incluirá su valor normativo, entendiéndose por tal la recaudación real imputada a cada Comunidad en dicho año sin ejercicio de competencias reglamentarias».

Esta cesta de cálculo, que puede disparar y trastocar el nivel de renta y riqueza que se estima al distribuir los excedentes (nivelación vertical y horizontal) del nuevo modelo, se completa con la impuesto bancario, transferidos a las CCAA, y los nuevos impuestos sobree juego, residuos, movilidad, etc.

Aunque la clave a partir de ahora estará en el juego político y el tremendo rechazo a priori a esta propuesta, Hacienda recuerda que lo que se busca es “una medición más correcta de la capacidad fiscal de cada comunidad”, para que el modelo tenga la “mayor equidad” posible.