España acumula desde hace años decenas de litigios internacionales derivados de la retirada retroactiva de primas a energías renovables. Como consecuencia de las sucesivas sentencias arbitrales, el Estado tiene pendiente de pago alrededor de 2.300 millones de euros y enfrenta una creciente ofensiva de los acreedores para localizar y embargar bienes públicos en diferentes jurisdicciones. Uno de los casos más relevantes es el de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, cuyo futuro está ahora en manos de la Justicia holandesa.

En la audiencia celebrada el 30 de junio ante el Tribunal de Distrito de Rotterdam, el acreedores de españa Desplegaron una estrategia tan sencilla como contundente: demostrar que el edificio no se utiliza exclusivamente para funciones soberanas o diplomáticas del Estado español, sino para actividades de carácter eminentemente comercial.

La cuestión es crítica porque las normas internacionales de inmunidad normalmente protegen los activos utilizados para funciones públicas o soberanas, pero ofrecen mucha menos protección cuando los activos se utilizan con fines comerciales. Precisamente por ello, buena parte del argumento de los acreedores se centra en documentar el uso real que recibe el inmueble.

Para esto, Los abogados de los acreedores expusieron numerosos ejemplos extraídos de la actividad del Instituto Cervantes de Utrecht.. Entre las pruebas aportadas se encuentran conciertos musicales que se organizan periódicamente en las instalaciones. El escrito cita expresamente una actuación del grupo Las Hienas celebrada en marzo de este año, cuyas entradas se vendieron por 15 euros. Para los acreedores es difícil sostener que este tipo de espectáculo constituye una manifestación de la soberanía estatal.

La documentación también incluye ejemplos de ciclos cinematográficos organizados en el edificio. Uno de ellos consistió en la proyección de la película de terror argentina Los que Volver, acompañada de palomitas y con entradas vendidas a 10 euros. Los acreedores incluso destacan que los precios aplicados son similares a los de los locales comerciales de la propia ciudad de Utrecht.

Otro de los argumentos más llamativos se refiere a las catas de vino realizadas en colaboración con empresas privadas. Según la documentación presentada ante el tribunal, estos eventos se organizan periódicamente, tienen un coste de entrada y se realizan en colaboración con operadores comerciales del sector vitivinícola.

A esto se suma el alquiler de espacios para actividades de terceros. Los acreedores aportan ejemplos de exposiciones artísticas, congresos organizados por entidades privadas y otros eventos realizados por organizaciones ajenas al Instituto Cervantes. Según sostienen, El edificio funciona en la práctica como un espacio que puede alquilarse para usos múltiples.algo difícilmente compatible con la tesis de que se trata de un activo dedicado exclusivamente a funciones soberanas.

El escrito también se centra en la actividad comercial vinculada a la enseñanza de español. Los abogados de los afectados por impagos destacan campañas promocionales, descuentos, acciones de marketing en redes sociales e incluso colaboraciones con famosos para publicitar los cursos que imparte el centro.

La lista se completa con la celebración de actos organizados por partidos políticos holandeses dentro de las instalaciones del Cervantes. Los acreedores aportan publicaciones en redes sociales que muestran reuniones y encuentros políticos realizados en el edificio.

A la vista de todos estos ejemplos, la conclusión de los acreedores es clara. Según sostienen ante la Justicia holandesa, el inmueble no está siendo utilizado principalmente para actividades soberanas del Reino de España, sino para una amplia variedad de usos privados y comerciales. De hecho, el documento señala que las actividades que se desarrollan en el edificio son «predominantemente privadas y comerciales» y acusa a España de ofrecer una descripción engañosa al sostener que la sede se dedica exclusivamente a funciones públicas vinculadas a la acción exterior del Estado.

La decisión final corresponderá ahora a los jueces holandeses y se espera antes de finales de julio. Pero la estrategia de los acreedores es evidente: cuanto más puedan demostrar que el Cervantes de Utrecht funciona como un centro de actividad económica ordinaria -desde conciertos y proyecciones de películas hasta alquileres y eventos privados-, más difícil será sostener que el inmueble debe estar protegido contra acciones de embargo emprendidas para cobrar las indemnizaciones que España todavía no ha pagado.

Devastadora derrota en EE.UU.

El caso Utrecht no surge en el vacío. España ha acumulado una larga cadena de derrotas judiciales en distintos países por su negativa a satisfacer los laudos arbitrales derivados del recorte retroactivo de las primas de las renovables. Hace apenas unos días, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar sentencias favorables a los inversores, cerrando definitivamente una de las principales vías de defensa utilizadas por el Gobierno.

A ello se suman los más de 300 millones de euros cuya ejecución avanza en Singapur, los más de 400 millones reclamados en Australia, la derrota definitiva sufrida ante el Tribunal Supremo del Reino Unido y los cientos de millones de euros ya consignados en Bélgica para atender futuras ejecuciones. Ante la imposibilidad de revocar estas resoluciones, Los acreedores han intensificado su búsqueda de bienes del Estado susceptibles de embargosituando al Instituto Cervantes de Utrecht en el centro de una ofensiva internacional cada vez más amplia.