Vecinos que se turnan para vigilar su propia puerta. Comunidades enteras que viven con miedo se instalan en el rellano. La okupación ha dejado de ser un problema individual entre propietario y ocupante para convertirse en una crisis colectiva que desborda a los edificios. y que, según los expertos reunidos en el Primer Congreso de Derecho del Consumo, el Gobierno ya no puede seguir ignorando.

Él I Congreso de Derecho del Consumo, organizado por Familex y celebrado en el AC Hotel Atocha de Madrid, reunió este jueves a algunas de las figuras más destacadas del panorama jurídico español en materia de consumo, vivienda, justicia, contratación, protección ciudadana, fraude bancario, inteligencia artificial y empresa.

En este marco, destaca la intervención de Mercedes Blanco, abogada experta en derecho inmobiliario, miembro del Colegio de APIs de Cataluña y directora general de Vecinos felices, centró parte del debate en la mesa dedicada a la protección del consumidor en el ámbito de la vivienda, en la que se abordó la compraventa, el alquiler y, muy especialmente, la protección del propietario en situaciones de okupación.

Blanco puso sobre la mesa una realidad que, según los expertos, requiere una respuesta inmediata por parte del Gobierno: muchas comunidades de propietarios se encuentran en una situación de auténtica indefensión ante casos de ocupación en sus inmuebles.

“Las comunidades de propietarios no pueden seguir solas ante la okupación. Hay edificios enteros que viven con miedovecinos que sienten que nadie los protege y comunidades que no tienen herramientas jurídicas suficientes para reaccionar rápidamente”, afirma el miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Comercio de Barcelona.

Comunidades sin herramientas en situaciones límite

Durante su intervención, Blanco relató que en demasiadas ocasiones las comunidades enfrentan escenarios dramáticos sin instrumentos legales efectivos. Según él, hay vecinos que llegan incluso a organizar guardias para evitar intentos de ingreso a los edificios, imagen que refleja el grado de tensión, incertidumbre y abandono que viven muchas comunidades.

“Cuando los vecinos tienen que montar guardia para proteger su propio edificio, el sistema falla. No hablamos sólo de propiedad privada, hablamos de seguridad, descanso, convivencia y confianza en las instituciones”, afirma Mercedes Blanco.

Desde Vecinos Felices, su director general defiende que la okupación no puede analizarse únicamente como un conflicto entre propietario y ocupante. En numerosos casos, sus efectos alcanzan a todo el edificio, “alterando la convivencia, generando inseguridad, deteriorando la salud emocional de los vecinos y colocando a las comunidades de propietarios en una situación de vulnerabilidad que el ordenamiento jurídico debe abordar con más contundencia”, según Blanco.

“No se puede pedir paciencia infinita a quienes viven cada día las consecuencias de un problema que ellos no crearon.. Las comunidades necesitan protección, seguridad jurídica y una Administración que actúe a tiempo”, añadió.

En la misma mesa, los expertos también abordaron la necesidad de reforzar la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario desde diferentes perspectivas. Alberto Torres López, presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos y Propiedad Horizontal del ICAM, puso el foco en los problemas derivados de la contratación, el auge de los contratos digitales, la falta de información jurídica suficiente para muchos ciudadanos y el uso del arrendamiento estacional para eludir las regulaciones de la LAU.

Por su parte, José Alberto Marín Sánchez, decano del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, defendió la importancia de mejorar la prevención, dotar de mayor rigor documental a los contratos de alquiler y agilizar los procesos, recordando que la ordenanza debe proteger la propiedad de la vivienda sin perder de vista el acceso constitucional a la misma.

El director general de Vecinos Felices exigió al Gobierno adoptar medidas concretas para proteger a las comunidades de propietarios, agilizar trámites, reforzar la prevención y dotar de herramientas eficaces a vecinos y administradores frente a ocupaciones que comprometen la vida cotidiana de los residentes.

«España necesita una respuesta seria, rápida y eficaz. Las comunidades de propietarios no pueden quedar atrapadas entre la lentitud administrativa, la falta de herramientas jurídicas y el miedo diario a que la convivencia salte por los aires», subraya Blanco.

Para Vecinos Felices la ocupación en comunidades de propietarios debe ser tratada como una cuestión de interés colectivo. La entidad considera que el impacto sobre los vecinos es directo: ruido, enfrentamientos, miedo, pérdida de tranquilidad, deterioro de las zonas comunes y sensación de abandono institucional.

La intervención se desarrolló en una mesa en la que también se abordó la situación de tensión que vive el mercado inmobiliario, especialmente en Cataluña, donde Blanco destacó la falta de oferta de alquiler y la enorme presión sobre los pocos inmuebles disponibles, con casos en los que una sola vivienda puede recibir cientos de solicitudes.