El flagelo de baja por enfermedad en España sigue generando debate. La semana pasada, el líder del PÁGINAS, Alberto Núñez Feijóoreabrió el debate sobre un problema que las empresas de nuestro país llevan años denunciando y no deja de empeorar.

La situación es tan grave que el equivalente a los trabajadores que no fueron a trabajar ningún día en el año fiscal 2025 ascendió a 1.789.369 personassegún datos recientes de la asociación mutua amat.

«Esto es Un cáncer que no podemos pagar«, afirmó Feijóo, quien también cuestionó si un trabajador gana lo mismo cuando va a trabajar que cuando está de baja. en relación con el complementos salariales ofrecidos por las empresas y que aparecen en los convenios colectivos. “Si los convenios de empresa establecen que una persona que no va a trabajar gana lo mismo que cuando va a trabajar… ¿qué queréis que les diga?” afirmó el popular.

Las palabras de Feijóo han indignado a la izquierda en general y al Gobierno en particular. Pedro SánchezYolanda Díaz, Mónica García…Del Ejecutivo Han atacado al líder de la oposición por poner sobre la mesa la existencia de bajas fraudulentas. Que cada vez existan más empresas de detectives especializadas en destapar bulos relacionados con bajas laborales por enfermedad ya es una prueba en sí misma de lo que la izquierda se empeña en desmentir.

Fenómenos extraños con víctimas.

La inconsistencia de que España sea uno de los países con mayor esperanza de vida de la OCDE, pero también sea uno de los que tiene más bajas laborales; que los autónomos faltan menos al trabajo que los asalariados, y éstos, a su vez, faltan menos que los funcionarios; Que los jóvenes se enfermen más que los mayores o que los lunes se enfermen más que los viernes son datos que también demuestran que, Además de las enfermedades reales, detrás del absentismo laboral hay incentivos.

El ‘milagro’ de los funcionarios

Otro Un ejemplo de ello lo tenemos si nos remontamos al año 2012.cuando el gobierno de Mariano Rajoy Se aprobó el Real Decreto-Ley 20/2012 en plena crisis de deuda para contener el gasto público.

Entre otras medidas, La norma eliminó el complemento salarial que permitía a muchos funcionarios mantener prácticamente el 100% de su salario durante una incapacidad temporal por contingencia común (las que se producen por enfermedades ajenas al trabajo y las que actualmente son objeto de controversia).

A partir de entonces, el La remuneración durante los 3 primeros días de baja laboral se limitó al 50% y los días 4 al 20, al 75%.% (cabe recordar, por ejemplo, que el trabajador de la empresa privada no recibe nada durante los tres primeros días de baja salvo que la empresa lo complemente).

Tras esta medida, los datos que Amat ha facilitado a Mercado libre reflejar un efecto inmediato: Al recibir un salario menor mientras estaban de baja por enfermedad, la salud de los funcionarios mejoró milagrosamente.

Como se ve en el gráfico, entre 2012 y 2013, La tasa de incidencia de bajas laborales en el sector público cayó un 25,08%, hasta situarse incluso por debajo de la del sector privado. Así, de los 26,31 procesos de despido por cada 1.000 empleados públicos en 2012 (en el sector privado hubo 20,1 procesos) Los procesos se redujeron a 19,71 en 2013, el primer año con complementos reducidos.

También llama la atención la evolución posterior de los despidos de empleados públicos. Entre 2013 y 2018, la tasa de incidencia de bajas de funcionarios públicos volvió a crecer paulatinamente, aunque se mantuvo por debajo de lo observado en el sector privado. Es decir, los funcionarios tenían menos bajas por enfermedad que los asalariados al ser limitados sus complementos salariales.

Sin embargo, en 2018 llegó el punto de inflexión y las bajas de funcionarios volvieron a superar a las de trabajadores de empresas privadas. ¿Qué pasó entonces? Ese año, el Gobierno de Sánchez volvió a recuperar los complementos salariales del 100% en casos de alta.

Por tanto, la tasa de incidencia de bajas laborales en el sector público aumentó en 11,81% en 2018 y otro fue baleado 26,56% en 2019coincidiendo con el restablecimiento de los complementos salariales. En 2025, mientras los asalariados cosecharon 38,16 procesos de despido por cada 1.000 empleados, los funcionarios superan esa cifra, con 43, más del doble que en 2013.