En concreto, la senda propuesta por el Ejecutivo fija el déficit de todas las administraciones públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, en el 1,6% en 2028 y en el 1,5% en 2029.

El Ministro de Finanzas, Arcadi Españahabía realizado una intervención económica en la que prometió que la estabilidad presupuestaria “es una herramienta de soberanía económica” y se jactó de reducir el déficit.

El PP y Vox respondieron con argumentos técnicos, poniendo en duda la capacidad del Gobierno para contener la deuda pública.

Después de tres años sin presupuestos, parecía que todo volvía a la normalidad hasta que llegó Junts, el partido cuyo voto es clave, para desmontar el trompe l’oeil.

«Es una operación de marketing pura y dura. Todo el mundo sabe que no tendrán Presupuestos y vosotros también lo sabéis», ha asegurado. Josep María Cruset antes de terminar su discurso diciendo: “dejen de engañar a la gente”.

Y ahí terminó la ficción. El Gobierno no ha avanzado por el camino de la estabilidad en su primer intento (aunque tiene un segundo y último intento), pero da igual lo que cambien. Junts ya ha dejado claro que no lo va a apoyar.

Cruset reiteró que traían ahora el objetivo de déficit porque «necesitan el voto de los Presupuestos», pero volvió a cerrar la puerta y acusó al Tesoro de convertirse en un «depredador».

Y como en las votaciones en las que parece que, como perro débil, todo son pulgas, Podemos llegó para rematarlo, alejar aún más las posibilidades de un acuerdo presupuestario y afirmar que el aumento de la inversión «se dedica a los tanques en lugar de a la salud y la dependencia». Al final se abstuvieron.

Se trata de un duro golpe donde más duele al Gobierno, que intenta exhibir el gasto récord de 226.032 millones -planeados con fines sociales- como su gran baza.

Ahora, el Ejecutivo ya advierte que en la segunda votación borrarán el margen de 5.850 millones adicionales para las comunidades, lo que augura un segundo procedimiento aún más nefasto.

Algunos, como el diputado de ERC, Teresa Jordáya advirtieron que iban a votar a favor, pero «enojados» porque «no soluciona el problema de fondo» de la «infrafinanciación» de Cataluña.

Algo similar en Sumar, Carlos Martínllegó a admitir al pedir un «camino de estabilidad que incluya objetivos asimétricos por parte de las CCAA», especialmente para la Comunidad Valenciana.

Por su parte, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, Ha intentado defender el texto del Gobierno, aunque admitió que la nueva ministra «lleva una mochila pesada» tras tres años sin presupuestos.

Y desde el PP, José Vicente Marí Bosó Habló de «un infierno fiscal» con una presión superior a la media, calificó de «incapaz» a un Gobierno y afirmó que «no hay camino de estabilidad que abarque un Gobierno sin mayoría». Mientras que calificó de «triles» los 5.850 millones para las comunidades y quienes intentaron seducirlas.

En Vox, José María Figaredo Se preguntó adónde “va el dinero”. «Los españoles van a pagar más impuestos que nunca para ser los últimos en la fila de su país», concluyó para sacar a relucir, aunque de forma indirecta, la prioridad nacional que intentan incluir en todos los pactos.

El Gobierno sólo tiene una baza: la sentencia del TJUE sobre la amnistía, que se dará a conocer este jueves y que se espera que sea favorable.

Aunque esto no resolverá inmediatamente la devolución de Carlos PuigdemontEl calendario que contempla el Ejecutivo es aprobar el nuevo techo de gasto en el Consejo de Ministros el próximo 21 de julio, antes de irse de vacaciones.

Está por ver si intentan llevarlo al Congreso en el «pleno de escoba» de la semana previa a las vacaciones de agosto -como defienden algunos miembros del PSOE- o si prefieren esperar hasta después del verano para ganar más tiempo.

Aunque todo indica que se encontrarán con un fuerte muro llamado Junts. El muro con el que se encuentran cara a cara una y otra vez.