La lección de Portugal a Sánchez: fin al control de los alquileres y más agilidad para desahuciar
Él precio de la casa sigue disparándose en nuestro país, no sólo en el mercado de compraventa de inmuebles, sino también en el de alquiler, donde la intervencionismo gubernamental —con medidas que protegen incluso a okupas e inquilinos— introduce claros desincentivos para que los propietarios alquilen sus propiedades. Sin embargo, a pesar de los efectos nocivos de sus políticas, el Ejecutivo sigue comprometido a implementar medidas intervencionistas.
Sin embargo, en otros países han aceptado que los problemas de mercado de alquiler Derivan, fundamentalmente, de las iniciativas erróneas que los poderes públicos ponen en marcha con el objetivo, supuestamente, de proteger a los inquilinos. Este es el caso de Portugaldonde el Gobierno ha iniciado un reforma para liberalizar el mercado alquileres y acelerar los desalojos.
Reducir la intervención en el alquiler
Ante los problemas del mercado del alquiler, el Gobierno de Portugal quiere poner en marcha una ambiciosa reforma que pasa principalmente por liberalizar este mercado -acabar con el control de los alquileres- y, además, acelerar el desalojossegún detalla la agencia Reuters. En este sentido, según el diario portugués PúblicoEl pasado 9 de julio, el Ejecutivo portugués aprobó, en Consejo de Ministros, el proyecto de ley para modificar el Nuevo Régimen de Arrendamientos Urbanos (NRAU), que deberá ser ratificado por el Parlamento.
En concreto, la reforma acelera los desahucios por reducir el umbral de impago del alquiler de tres meses a dos. Además, los inquilinos que paguen repetidamente con más de ocho días de retraso también podrán desalojar. Asimismo, la reforma también permitirá a los propietarios rechazar la primera renovación automática de un contrato de arrendamiento.
Asimismo, la reforma también adelanta tres años –hasta finales de 2026– el vencimiento de una medida de control de alquileres que limita los aumentos de alquiler en nuevos contratos arrendamiento al 2% para propiedades alquiladas en los cinco años anteriores. Además, los inquilinos de mayores ingresos menores de 65 años perderán gradualmente las protecciones de alquiler asociadas con los contratos de arrendamiento de bajo alquiler firmados antes de 1990. Como resultado, estos alquileres pueden actualizarse según el valor actual de la propiedad.
Así, el Gobierno tiene que enviar el proyecto de ley al parlamentodonde deberá ser aprobado definitivamente. Sin embargo, como explica Reuters, el Ejecutivo necesita contar con el apoyo de los socialistas o, en su caso, del partido Chega -cuya intención de voto se desconoce por el momento-.
En este sentido, el ministro de Vivienda, Miguel Pinto Luz, ha defendido que esta reforma tiene el objetivo de garantizar la libertad contractual en este sector y aumentar la confianza de los propietarios para fomentar una aumento de la oferta. Precisamente, como informa Reuters, según el Gobierno de Portugal, el país tiene más de 250.000 viviendas que quedan vacías y fuera del mercado de alquiler como consecuencia de la inseguridad jurídica que enfrentan los propietarios.
En cualquier caso, el propietarios de viviendas No parecen del todo satisfechos con el plan del Gobierno. Según información publicada por PúblicoLa Asociación de Propietarios de Lisboa (ALP) critica en un comunicado las medidas del Gobierno portugués en materia de alquileres. De hecho, según la Asociación, «llamar a esto reforma es engañar al país», ya que consideran que estas medidas «no solucionan el problema de la vivienda».
De hecho, es cierto que, para compensar algunas de las medidas propuestas, el Gobierno prevé crear un Fondo de Emergencia para la Vivienda. Según informes Públicoeste fondo tiene como objetivo apoyar a las familias de bajos ingresos ante la mayor facilidad que existirá para los desalojos. De esta manera, estas familias podrán solicitar ayudas para Reubicación equivalente a unos 537 euros. destinado a financiar «gastos de vivienda o traslado de hasta 2.300 euros mensuales, durante un período máximo de seis meses consecutivos».
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