Un paso más para regar a Cataluña y castigar a Madrid – José María Rotellar
El Congreso ha rechazado la vía de la estabilidad y el techo de gasto. no financieros, necesarios para la elaboración de presupuestos. Volverán a insistir en ello y, desde que reformaron la normativa, podrán salir adelante pese a un potencial segundo rechazo, aunque es incoherente querer aprobar unos presupuestos sin acomodar la trayectoria y el gasto necesarios para los mismos. Al Gobierno no le importa, porque tampoco piensa aprobarlas.sino articular un esquema, en parte como precampaña electoral y, sobre todo, para ocultar los privilegios que quiere conceder a los independentistas catalanes a través de un nuevo sistema de financiación que les beneficie.
La reforma del sistema de financiación regional Es una necesidad inevitable. El modelo actual lleva años de retraso, ha quedado desfasado con la evolución demográfica y económica de España y requiere una revisión profunda para garantizar la suficiencia financiera, la corresponsabilidad fiscal, la solidaridad y los incentivos adecuados para una gestión eficiente de los recursos públicos. Precisamente por esta importancia, la reforma debería responder a criterios económicos e institucionales sólidos. Sin embargo, la propuesta enviada por el Gobierno a las comunidades autónomas, básicamente la misma que hace meses, parece responder a una lógica muy distinta: resolver una necesidad política inmediata.
El Ejecutivo presenta el documento como reforma beneficiosa para todas las comunidades. La fórmula elegida resulta aparentemente atractiva: aumentar el porcentaje de transferencia de los grandes impuestos y complementar este incremento con una mayor aportación de la Administración General del Estado. es una manera de intentarlo neutralizar resistencias. Si inicialmente todas las comunidades reciben más recursos, es más difícil oponerse a la reforma en su conjunto, aunque es racional hacerlo, porque conviene no confundir el envoltorio con el contenido. La pregunta relevante no es quién recibe más dinero el primer día, sino cuál es el diseño institucional que se está construyendo y hacia dónde conduce.
Y ahí aparecen las verdaderas dudas.
La propuesta puede interpretarse como modelo concebido para dar cabida a las demandas formuladas desde Cataluñaconseguir que el resto de comunidades acepten este cambio mediante un aumento temporal de los recursos financiados por todos los españoles. No sólo se modifica la distribución del ingreso; Se altera la lógica del sistema para hacer compatible, al menos durante una fase inicial, un trato de favor a Cataluña con una aparente ausencia de perjudicados.
El problema es que la economía siempre acaba imponiéndose a la política.
Ningún sistema puede Distribuir indefinidamente más recursos de los que es capaz de generar.. Cuando el Gobierno anuncia mayores porcentajes de transferencia de impuestos y, simultáneamente, aumenta el aporte estatal, no está creando riqueza adicional. Se trata simplemente de redistribuir los mismos recursos de forma diferente o comprometer ingresos futuros mediante una mayor deuda o una mayor carga fiscal.
El Estado carece de dinero propio. Cada euro que se añade al sistema procede de los contribuyentes actuales o de la deuda que acabarán soportando los futuros contribuyentes. Conviene recordarlo porque con demasiada frecuencia el debate público presenta la contribución de la Administración General del Estado como si procediera de una fuente distinta de los impuestos pagados por ciudadanos y empresas. Ahora, aún más preocupante es lo que omite la propuesta.
Una reforma seria de la financiación regional debería comenzar introduciendo Mecanismos que fomentan la eficiencia del gasto.. La suficiencia financiera es una condición necesaria, pero nunca suficiente. Es fundamental que las comunidades tengan incentivos para gestionar mejor, eliminar duplicidades administrativas, evaluar políticas públicas, racionalizar estructuras y mejorar la productividad del gasto. Nada de eso aparece en el planteamiento del Gobierno.
Caemos nuevamente en el clásico error de considerar que cualquier déficit presupuestario se resuelve proporcionando más recursos. Es una visión profundamente equivocada del Tesoro Público. Sin incentivos adecuados, aumentar la financiación sólo aumenta el gasto. La evidencia económica viene mostrando desde hace décadas que la ausencia de disciplina presupuestaria termina deteriorando la calidad institucional.
Además, la propuesta nace ignorando uno de los principales desafíos presupuestarios de la próxima década: la fuerte aumento de la demanda de servicios públicos.
España se enfrenta a un envejecimiento acelerado de la población, un aumento sostenido del gasto sanitario y una presión cada vez mayor sobre la educación y los servicios sociales. A ello se suman las consecuencias presupuestarias que se pueden derivar de la irresponsable política migratoria impulsada por el propio Ejecutivo al regularizar a más de un millón de inmigrantes en situación irregular, lo que incrementará el uso de numerosos servicios públicos. Desarrollar un nuevo modelo de financiación sin incorporar escenarios realistas sobre esta evolución supone construir un sistema cuya suficiencia puede verse rápidamente superada.
Pero quizás el elemento más inquietante sea la dirección estratégica hacia la que parece apuntar la reforma.
Es difícil interpretar el documento al margen del debate sobre la autofinanciación de Cataluña. Aunque formalmente se presenta como un modelo general, la arquitectura diseñada facilita una evolución gradual hacia un esquema cada vez más diferenciado. La propuesta parece constituir una paso intermedio que suaviza políticamente este recorrido mediante un aumento temporal de recursos para el resto de las comunidades.
Si este proceso condujera finalmente a un sistema propio para Cataluña, las consecuencias económicas serían considerables.
Previsiblemente Madrid asumiría una presión redistributiva aún mayor. Como principal aportante neto del sistema, acabaría soportando una carga cada vez mayor para compensar la menor aportación del territorio que abandonó el mecanismo común. sería castigadoAdemás, a la comunidad que mejor ha demostrado que el crecimiento económico, la moderación fiscal y la elevada recaudación de ingresos no son objetivos incompatibles.
Los contribuyentes españoles también soportarían un coste adicional. La mayor contribución estatal necesaria para mantener el equilibrio del sistema sólo puede financiarse con más impuestos, más deuda o una combinación de ambos. No existen alternativas contables capaces de alterar esta realidad económica.
Y el resto de comunidades tampoco se beneficiarían a medio plazo. Inicialmente pueden percibir una aumento de recursos gracias a un mayor esfuerzo financiero del Estado y de los territorios con mayor capacidad fiscal. Sin embargo, si Cataluña evolucionara hacia su propio modelo sin una contribución al sistema común, esta brecha difícilmente podría compensarse de forma permanente. Ni Madrid ni la Administración General del Estado tienen capacidad ilimitada para sustituir una de las principales fuentes de financiación del sistema.
El resultado sería un modelo más caro para todos los contribuyentes, más exigente para los territorios con mayor capacidad económica y menos solidario para las comunidades receptoras de fondos de equiparación.
El financiamiento regional constituye una de las instituciones económicas más importantes del Estado. Precisamente por esta razón debería permanecer fuera de las necesidades actuales de cualquier mayoría parlamentaria. Diseñar un sistema para resolver una negociación política concreta significa hipotecar su estabilidad futura.
España necesita una reforma de la financiación regional, pero necesita la adecuada. Uno que refuerza corresponsabilidad fiscal —en el sentido de no penalizar los recortes de impuestos—premiar la eficiencia, garantizar la solidaridad con reglas transparentes y preservar la igualdad básica entre todos los españoles en términos de acceso a los servicios fundamentales. No una reforma que aumente el gasto sin corregir sus incentivos, que transfiera más carga a los contribuyentes y que sirva de antesala a un modelo de excepcionalidad territorial cuyas consecuencias acabarían pagando todos.
La estabilidad institucional no se construye multiplicando las excepciones, sino aplicando las mismas reglas para todos. Y precisamente eso primero es lo que omite esta propuesta, por mucho que se presente como una reforma técnica, al tratarse de una reforma política y arbitraria, para beneficiar a una única región en detrimento del resto del régimen común.
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