Plantillas de mayor edad, mayor estabilidad laboral, sin miedo al despido, y una Cobertura económica del 100% del salario. Desde el primer día de baja laboral en la mayoría de administraciones son ellas las que están detrás del mayor impacto en el ámbito público, explican a ABC expertos laborales. En 2012, con la Gran Crisis, el Gobierno de Mariano Rajoy adoptó una batería de medidas para reducir el gasto en la Administración, que incluían un recorte en los sueldos de los funcionarios cuando estaban de excedencia. Las estadísticas reflejan que a partir de ese año las que comenzaron continuaron con pequeñas variaciones al alza, pero a partir de 2018, cuando el Ejecutivo de Sánchez eliminó estas limitaciones, la mayoría de comunidades complementaron hasta el cobro íntegro del salario, cuando esa incidencia comienza a subir, según datos de las mutuas.

Aunque entre el personal de la Administración hay menos bajas, en el sector privado crecen a un ritmo más rápido. Desde 2019, el año anterior a la pandemia, la incidencia media mensual por cada mil trabajadores del sector privado se ha disparado 90,06%, casi se ha duplicado, frente al 76,28% del público. La covid irrumpió como un tsunami en la economía y la avalancha de víctimas que provocó no quedó sólo en un paréntesis. Desde entonces, el ausentismo no ha dejado de crecer, lo que es motivo de preocupación y está siendo objeto de estudio por organismos nacionales e internacionales.

Al cambio de comportamiento se suma el hecho de que las bajas por enfermedad son un fenómeno claramente procíclico; entre los asalariados aumentan en las fases de crecimiento económico y caen bruscamente en las de crisis, lo que podría explicar el ritmo más rápido que ha experimentado el desequilibrio, a lo que hay que sumar también que la salud pública está saturada. Un trabajador con una dolencia común, como una hernia o un problema muscular, puede tardar meses en conseguir una cita con un especialista, someterse a una prueba diagnóstica o ser operado, lo que prolonga su baja mientras espera su tratamiento.

En cualquier caso, en ambos sectores, el volumen de nuevos procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes se encuentra en niveles desconocidos y se ha convertido en un reto crítico tanto para la Seguridad Social como para las empresas. El impacto que la incapacidad temporal supone en las arcas públicas es enorme, pero el impacto que tiene en las cuentas de las empresas no es menor, teniendo en cuenta que en los casos de enfermedad común o accidente no laboral, el pago del subsidio entre los días 4 al 15 de baja laboral es responsabilidad del empresario. El número de ausencias laborales ha crecido un 132% en una década, hasta superar los 9,2 millones el año pasado, una evolución que ha incrementado los desembolsos en este periodo un 230%, alcanzando casi la 34 mil millones.

Pérdida de ingresos

Y luego están los autónomos, cuya tasa media de incidencia mensual de bajas iniciadas por cada mil trabajadores Apenas son 10,73. ¿Por qué existe esta diferencia respecto de los empleados públicos y los asalariados? Tomar una excedencia en este caso suele implicar el cese total o parcial de sus ingresos mientras continúas pagando tus costos fijospor eso el grupo evita recurrir a la discapacidad cuando enferman. En este caso y, a diferencia de muchos convenios del sector privado o condiciones del sector público, con un complemento salarial de hasta el 100% mientras esté de baja, el autónomo carece de este paraguas y se enfrenta a una pérdida de poder adquisitivo muy severa si deja de trabajar. La rueda de los billetes sigue rodando incluso cuando estás enfermo.

Salvo el caso de los autónomos, el absentismo no da tregua. España está entre los países europeos donde más víctimas se producen; Es el tercero con peores resultados tanto en la OCDE como en la UE, sólo detrás de Noruega y Finlandia. En 2025 le costará a la economía española 59.109 millones de euros, un 11,7% más que en 2024 y casi el doble que en 2019 (30.171 millones), datos que incluyen tanto el incremento de la tarifa como el incremento de los costes laborales, según el ‘XV Informe anual de Adecco sobre empresas sanas y gestión del absentismo’ publicado esta semana, que alerta de que España afronta 2026 con niveles históricamente elevados y que la evolución del primer trimestre sitúa la tasa de absentismo en el 7,6%.

Mientras tanto, el Gobierno busca fórmulas para reducir el absentismo rampante tras el fracaso en las negociaciones con los agentes sociales. Como ya informó ABC, ha vuelto a exigir a las empresas datos adicionales sobre los trabajadores como medio de control, después de deshonrarles por su falta de colaboración. Como ya informó ABC, en la última oleada de envíos masivos de cartas a empresas, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) solicita que los partes de bajas laborales incluyan datos detallados sobre el trabajador, el puesto que desempeña y una descripción de las funciones que desempeña en la empresa, para que el médico pueda comprender mejor las limitaciones derivadas de su patología y así establecer una relación más precisa entre su estado de salud y sus funciones laborales. Se trata de una información que la Administración considera imprescindible para que tanto los servicios públicos de salud como el INSS puedan realizar un control adecuado de las situaciones de bajas laborales y, con ello, facilitar las altas médicas cuando proceda.

Empresas y organismos nacionales e internacionales como la Airef o la OCDE llevan años reclamando medidas al Gobierno. La patronal aboga por que los acuerdos acaben con los complementos salariales y eximan a las empresas del pago de sueldos a los trabajadores cuando estos se encuentran de baja, mientras la Airef ha advertido de «prolongaciones innecesarias» de las bajas laborales. Y la OCDE, en sus recomendaciones al Ejecutivo, destacó que nuestro país tiene un sistema muy generosoAdvirtió que el desequilibrio viene aumentando desde hace 12 años, y que no se trata de recortar beneficios sino de hacer más sostenible el sistema.