La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo, ha señalado que «hay una hipertrofia administrativa» en este ámbito. Cuestiona también que el Gobierno haya aprobado el decreto a pesar de la Advertencias emitidas por el Consejo de Estado. y sostiene que el procedimiento impuesto «ha generado litigios» y ha limitado la libertad de los propietarios.

El evento contó incluso con miembros del propio Tribunal Supremo, que tuvieron la oportunidad de explicar los fallos de la ley. Diego Córdoba, juez del Tribunal Superior, ha explicado que la decisión de oponerse al registro único de arrendamientos se basó en la falta de competición estatal y en la creación de una duplicidad de registros que va en contra de la normativa europea y las competencias autonómicas en materia de vivienda y turismo.

El reglamento de la UE no impide que las comunidades autónomas lleven registros propios y el decreto aprobado por el Gobierno exigía que las viviendas estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad para poder alquilarlas, según Raquel Hurtado, abogada del Consejo de Estado, un requisito que en palabras del jurista generaba inseguridad jurídica.

Él impacto económico de la ley también ha ocupado buena parte del debate. Javier Valentín, abogado de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, asegura que, durante la vigencia del decreto, el Colegio de Registradores emitió alrededor de 400.000 números de registro, con un coste de 27 euros (sin IVA) cada uno, lo que, explica, supuso cerca de 20 millones de euros en honorarios, mientras que la presidenta de FEVITUR, Silvia Blasco, cifró en unos 496 millones de euros las pérdidas económicas que sufren los propietarios y directivos del sector como consecuencia de la aplicación de la norma y reconoce que «las instituciones comunitarias están consternadas al ver cómo España ha torcido la legislación europea».

A esto se suma el hecho de que algunos propietarios no pudieron alquilar sus viviendas mientras esperaban que se tramitara el registro.