La directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar, ha estado en Es la mañana de Federico analizando el reciente proceso de regularización de inmigrantes en España, destacando la preocupante retraso de datos expuesto por el Gobierno.

Mientras que el Ejecutivo cifró inicialmente en medio millón de personas regularizadas, la institución Funcas cifró la cifra en más de 840.000 y la Policía Nacional la elevó aún más, confirmando finalmente que la cifra real oscila entre 1,2 y 1,3 millones de personas. Miyar señala que es difícil entender un error de tal magnitud, ya que el cálculo metodológico -que consiste en cruzar los datos de empadronamiento con los permisos de residencia- es relativamente sencillo, lo que sugiere un alarmante falta de rigor oficial.

El director de Estudios Sociales advierte que de nada sirven las regularizaciones extraordinarias si no van acompañadas de reformas estructurales en el sector control fronterizo y el flujos laborales. Como el modelo de entrada no cambia, el ‘stock’ de indocumentados disminuye temporalmente, pero el flujo constante -estimado en unas 90.000 personas al año- volverá a generar un stock de medio millón de personas en una situación irregular en apenas cinco o seis años, perpetuando un círculo vicioso de inestabilidad demográfica.

El actual sistema español favorece el crecimiento en función del número de mano de obra barata y de baja calificaciónen detrimento de la productividad general, que es uno de los males endémicos de la economía española. Miyar sostiene que un país que aspira a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos debe diseñar un modelo de inmigración ordenado y selectivo, dirigido a atraer perfiles profesionales cualificados que aporten un verdadero valor añadido, en lugar de tolerar entradas irregulares masivas que acaben precarizando el mercado laboral.

Otro factor clave que el Ejecutivo tiende a ignorar es el efecto multiplicador de la reunificación familiar. Según estimaciones de la Policía Nacional, cada inmigrante regularizado suele atraer a una media de 1,5 personas en los años siguientes. Si bien este proceso no se da de manera inmediata, representa una presión demográfica demorada en el tiempo que inevitablemente impactará en el consumo de recursos públicos y en la cohesión social de los barrios receptores, aspecto fundamental que requiere una planificación de largo plazo y no soluciones improvisadas.

En cuanto al impacto de este volumen de regularizaciones en la servicios publicosMiyar aclara que los inmigrantes en situación irregular ya tienen acceso legal a la sanidad y la educación en España. Sin embargo, alude al reciente informe publicado por el diario El Mundo que revela un aumento del 55% de estudiantes inmigrantes en la última década, hasta alcanzar el 13% del total. Este fenómeno genera serias tensiones en las aulas debido a las barreras del idioma y la falta de recursos específicos, lo que dificulta la enseñanza. La concentración de alumnos con bajos recursos educativos en determinados centros también fomenta la segregación escolar, deteriorando la situación calidad del sistema educativo común.

Finalmente, el sociólogo expone un hecho demográfico de enorme importancia para el futuro de España: cuatro de cada diez niños menores de cinco años Ya tienen algún origen extranjero. Esta realidad muestra una profunda transformación social que no puede gestionarse mediante políticas expresas ni decretos temporales. Para evitar la exclusión social y garantizar una integración real en el mercado laboral, España necesita urgentemente un debate serio y responsable sobre su modelo de sociedad, lejos de la demagogia y firmemente comprometido con la ley, el orden y la sostenibilidad de sus instituciones públicas.