¿Por qué quiere Estados Unidos desmantelar la Corte Penal Internacional? ¿Puede conseguirlo?
«Binyamín Netanyahu es un criminal de guerra, el arquitecto de un genocidio atroz» que «debe ser detenido». El alcalde de Nueva York publicó el pasado miércoles un vídeo en el que cargaba así contra el primer ministro israelí y pedía a las autoridades federales que cumplieran la orden de arresto internacional emitida contra él por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
[–>[–>[–>Zohran Mamdani reconocía también que, tras semanas de consultas con los abogados de la ciudad, había concluido que la Policía de Nueva York no tenía autoridad para detener a Netanyahu cuando acudiera a la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo mes de septiembre. Mandani sí incluyó en su mensaje un resumen crudo de algunos de los hechos sufridos por los gazatíes durante los casi tres años de guerra transcurridos desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023: «Es responsable de la muerte de 77.000 personas y de la mutilación de miles de niños, que han sufrido amputaciones sin anestesia». El líder israelí y políticos republicanos acusaron a Mamdani de fomentar el antisemitismo.
[–> [–>[–>[–>[–>[–>Este choque político contiene los elementos de una guerra política y diplomática mucho mayor: la que ha emprendido la Administración de Donald Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI). «Este tribunal está librando una guerra contra el pueblo estadounidense» y «está formado por burócratas globalistas no electos que dicen tener poderes ilimitados», afirmó la semana pasada Marco Rubio. «Lo vamos a desmantelar ladrillo a ladrillo».
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Estados Unidos no reconoce la autoridad del tribunal. La Administración de Bill Clinton firmó en 2000 el Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte, pero nunca lo ratificó y posteriormente retiró su firma.
[–>[–>[–>«La Comisión ya está facilitando todas las medidas apropiadas que puedan contribuir a garantizar la continuidad de las operaciones de la CPI (…) está evaluando cuidadosamente su necesidad, proporcionalidad y eficacia, así como sus implicaciones jurídicas y prácticas».
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El intento estadounidense de socavar la institución internacional no es nuevo, pero sí resulta más explícito en esta ocasión. Y se enmarca en una campaña de Trump contra las Naciones Unidas y el orden internacional basado en reglas.
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Pasay (Filipinas), 23/07/2026.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. / EZRA ACAYAN / POOL / EFE
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La coordinación entre Washington y Tel Aviv es explícita. El secretario de Estado habló la semana pasada con Netanyahu para pergeñar el plan de ataque contra el alto tribunal.
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[–>El Parlamento Europeo pide protección
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La Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya (Países Bajos) y muchos de sus jueces, fiscales y otros funcionarios son europeos. Las medidas adoptadas por Trump incluyen la cancelación de cuentas y servicios bancarios, así como restricciones de viaje, contra once jueces y fiscales de la CPI sancionados desde febrero de 2025.
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El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea de Ursula von der Leyen que active el Estatuto de Bloqueo para proteger a la CPI como piedra angular del sistema de justicia internacional. La última petición figura en la resolución aprobada el pasado 11 de septiembre. Los eurodiputados consideran que deben protegerse a los operadores económicos europeos de los efectos de las sanciones estadounidenses y que la UE y sus Estados miembros deben adoptar cualquier otra medida diplomática y práctica necesaria para defender a la CPI y a quienes cooperan con ella.
[–>[–>[–>En la práctica, ello impediría que bancos y empresas europeas se negaran a prestar servicios, como la apertura o el mantenimiento de cuentas bancaria, a las personas sancionadas.El precedente más conocido del uso de este instrumento se remonta a 2018, cuando se activó para proteger a las empresas europeas que mantenían relaciones comerciales legítimas con Irán frente a las sanciones extraterritoriales reimpuestas por Estados Unidos.
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«Europa no puede limitarse a expresar su permanente preocupación. Debe proteger a la Corte activando el Estatuto de Bloqueo y neutralizando este atropello de sanciones extraterritoriales en suelo europeo», dice a EL PERIÓDICO Javier López, vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado del PSC. «Las sanciones de Estados Unidos son graves. Buscan intimidar a jueces y fiscales para que no puedan investigar con independencia. Si una gran potencia puede castigar a un tribunal internacional porque no le gustan sus decisiones, la justicia internacional se convierte en un decorado».
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La Comisión no activa medidas aún
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Von der Leyen no ha atendido por el momento esa petición, o la carta remitida en el mismo sentido por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el pasado mes de mayo.
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«La Comisión ya está facilitando todas las medidas apropiadas que puedan contribuir a garantizar la continuidad de las operaciones de la CPI y su capacidad para cumplir su mandato» aseguran fuentes de la CE a este diario. «Para cada medida, la Comisión, en estrecho contacto con la CPI, los Estados miembros y las partes interesadas pertinentes, está evaluando cuidadosamente su necesidad, proporcionalidad y eficacia, así como sus implicaciones jurídicas y prácticas».
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La Comisión asegura también que «mantiene su firme compromiso de apoyar a la CPI» como «piedra angular del sistema internacional de justicia penal, y de salvaguardar su independencia y su correcto funcionamiento». Bruselas «respalda plenamente la labor de la CPI, incluidas sus investigaciones sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad».
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«Estados Unidos entró en cólera»
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La Corte Penal Internacional también mantiene una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y ha procesado a otros presuntos responsables de crímenes internacionales, como el expresidente sudanés Omar al Bashir. Pero la imputación de su aliado, el primer ministro israelí, ha provocado una reacción frontal.
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«George W. Bush apoyó a la Corte Penal Internacional en sus investigaciones sobre Sudán. Más recientemente, Estados Unidos la respaldó en el caso de Vladímir Putin. El Senado lo aprobó por 100 votos a favor y ninguno en contra», recuerda Philippe Sands, jurista especializado en derecho internacional que ha participado en varios casos ante la Corte, en una entrevista con la cadena británica BBC. «Pero luego llegó el 7 de octubre y los terribles acontecimientos que se sucedieron en Gaza. Tres jueces de la CPI respaldaron la decisión del fiscal de imputar a tres dirigentes de Hamás y a varios miembros del Gobierno israelí, entre ellos Netanyahu. Ahí Estados Unidos montó en cólera. Es un claro doble rasero: el tribunal está bien cuando imputa a tus enemigos, pero está mal cuando lo hace con tus aliados».
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La expulsión de Karim Khan
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En este contexto, el pasado viernes, 82 de los 125 Estados miembros de la Corte Penal Internacional votaron a favor de destituir a su fiscal jefe, el británico Karim Khan, por las acusaciones de acoso sexual formuladas por una antigua subordinada.
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El exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan. / PETER DEJONG / POOL / EFE
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Khan es el fiscal que solicitó las órdenes de arresto contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra varios dirigentes de Hamás o el presidente ruso, Vladímir Putin.
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Además de los ataques directos contra los funcionarios de la CPIEstados Unidos ha lanzado una campaña de presión sobre sus países aliados para que abandonen el tribunal. El primer país en hacerlo tras las palabras de Marco Rubio ha sido Venezuela. El Gobierno de Delcy Rodríguez, tutelado por Washington tras la captura de Nicolás Maduro, ha anunciado esta semana la retirada del país del Estatuto de Roma al considerar que la Corte Penal Internacional «agrede» a Venezuela.
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Washington no está solo intentando proteger a su aliado israelí, apunta Philippe Sands. También quiere blindar de la acción de la justicia internacional a sus soldados, que algunos consideran que comenten crímenes de lesa humanidad por ejemplo en los ataques contra barcos presuntamente de narcotraficantes frente a las costas de Venezuela o los agentes del ICE en sus excesos en la lucha contra la inmigración ilegal.
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