A Coruña será el primer municipio en una comunidad del PP con límites del precio de alquiler
Más de un año y medio después de la primera petición municipal, tras desencuentros, diferencias de criterio y largos trámites, la Xunta ha dado luz verde a la petición municipal de declarar A Coruña como zona de mercado residencial tensionado, una opción incluida en la Ley de Vivienda estatal que permitirá tomar medidas como limitar los precios de los alquileres, imponer precios máximos a grandes tenedores y pisos que salen al mercado y dar bonificaciones fiscales a los arrendadores. La petición todavía deberá pasar por el Gobierno central, y el Concello deberá redactar un plan para corregir los problemas del mercado de vivienda, pero el visto bueno autonómico abre la puerta a que A Coruña se convierta en el primer municipio gallego en aplicar las medidas, que tendrán una vigencia base de tres años y afectarán a todos los barrios.
Cuando la declaración entre en vigor, impondrá importantes limitaciones al mercado inmobiliario. Si en un piso hay un contrato de alquiler que haya estado vigente cinco años y se firma uno nuevo, el precio no puede exceder la del último mes de vigencia del acuerdo anterior, y el propietario no podrá fijar nuevas condiciones que impongan gastos al inquilino. El dueño solo podrá subir la renta en un 10% si se dan circunstancias como que haya realizado una rehabilitación u ofrezca un contrato de larga duración.
Los inquilinos de la zona tensionada también pueden solicitar prorrogar de manera extraordinaria, y por un máximo de tres años, el contrato en vigor, una petición que «debe ser aceptada obligatoriamente por el arrendador». Y no se pueden cambiar los términos y condiciones existentes.
La Ley de Vivienda de 2023 también estableció la figura del «gran tenedor», el propietario de más de diez pisos residenciales (o una superficie de más de 1.500 metros), aunque el límite de viviendas puede bajar a cinco situados dentro del mismo mercado residencial tensionado si la comunidad autónoma así lo decide. Estos grandes tenedores están obligados a comunicar cuáles son sus viviendas en zonas tensionadas, y los contratos que firmen no podrán exceder los máximos del sistema de índice de precios de referencia que marca el Estado.
Y esta misma limitación se aplicará, según incluye la Ley de Vivienda, a los pisos que salgan al mercado sin que hayan tenido un contrato de arrendamiento en los últimos cinco años. Como publicó este diario, la mayoría de las ofertas de alquiler de la ciudad sobrepasan los precios de referencia estatales.
El municipio deberá tener «un mínimo» del 20% de pisos sociales en un periodo de 20 años
A cambio, el rendimiento de los alquileres, la referencia en base a la que se calculan los impuestos a las ganancias que deben abonar, se rebaja en un 90% cuando el propietario reduzca la renta «en más de un 5% en relación a la última del anterior contrato», cuando la bonificación base es del 50%. Cuando se arriende por primera vez la vivienda a un inquilino de entre 18 y 35 años la rebaja será del 70%.
La legislación establece para las «administraciones territoriales competentes» un «compromiso» de alcanzar en veinte años «un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 20% respecto al total de hogares» en los municipios en los que se hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado. Tras el visto bueno de la Xunta y su comunicación al Concello se abre un plazo de dos meses para que el Ayuntamiento apruebe «un plan específico de medidas» para corregir los problemas del mercado del alquiler, así como el «calendario de desarrollo de las mismas». La solicitud se elevará al Estado, que publicará la resolución en julio si la recibe a tiempo; las medidas entrarán en vigor al día siguiente de salir en el BOE. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, celebró la decisión de la Xunta y dio las gracias a la alcaldesa, Inés Rey, por su «liderazgo y compromiso».
Pisos públicos
La Consellería de Vivienda señala que ha dado luz verde a la petición «en cumplimiento de la ley estatal», pero recuerda que la recurrió ante los tribunales y que cree que será contraproducente. «No va a solucionar el problema de acceso a a la vivienda» y «agravó los problemas donde se implantó», asegura la Xunta, que afirma que el «intervencionismo en el mercado no funciona».
El Gobierno gallego acusa al Concello, que no ha querido hacer valoraciones a este diario porque señala que todavía no ha recibido la respuesta oficial, de «no tener en consideración» posiciones como las del sector inmobiliario coruñés, que se «manifestó en contra» de la medida. También indica que tiene actuaciones para construir o facilitar cientos de pisos públicos en la ciudad. El grupo municipal del BNG señala que pedir la zona tensionada figura en el acuerdo que firmó para investir a Inés Rey en 2023, y pide «más medidas» en materia de vivienda a la Xunta.
La primera petición del Concello para declarar A Coruña como zona tensionada fue en octubre de 2023, pero el Gobierno gallego la rechazó afirmando que no estaba suficientemente fundamentada. Este año hubo una nueva solicitud, que se recibió en abril, y, tras pedir que se completasen algunos datos, el Concello envió nueva documentación en mayo. El «visto y place» del Gobierno gallego llegó trece días después, señala la Xunta.
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