José Luis Ábalos no cede y pide a la mesa del Congreso de los Diputados que reconsidere la decisión de suspenderle como parlamentario, a raíz de su ingreso en prisión provisional por el «caso Koldo» y su procesamiento por manipulación de los contratos de mascarillas.

El exministro socialista considera que fue una decisión «precipitada» de la Cámara Baja porque aún está pendiente la resolución del recurso que interpuso ante el Tribunal Supremo (TS) contra su ingreso preventivo en el centro penitenciario madrileño de Soto del Real.

«A día de hoy dicho recurso sigue pendiente de revisión por la Sala Segunda y a tal efecto el TS ha fijado el 15 de enero como fecha para la celebración de la audiencia en la que será estudiado», afirma en su carta dirigida a la mesa parlamentaria.

Por ello, llama al Congreso a evaluar si tomó una determinación «indebida y arriesgada», dado que -defiende- se habrían vulnerado principios democráticos y del Estado de derecho, como el respeto a los procedimientos, la separación de poderes y la igualdad de trato.

Ábalos también recuerda en su carta dirigida a la mesa que, aunque mantiene el expediente de diputado, la suspensión ya ha supuesto para él la pérdida del derecho a su salario de 3.236 euros brutos y «a todas las ayudas o compensaciones por gastos derivados» de sus funciones legislativas (que se sitúan en otros 2.000 euros), así como al pago de sus cuotas a la Seguridad Social y a la Mutualidad.

Pero no sólo eso. Aprovecha para denunciar que la «gravedad fundamental del acuerdo de suspensión» radica «en la pérdida de su voto» en la cámara y, por tanto, en la privación -según él- de la «representación legítima y democrática de todos los ciudadanos valencianos que le votaron» en las últimas elecciones generales de julio de 2023.