El exministro socialista José Luis Ábalos ha pedido a la Mesa del Congreso de los Diputados que le restituyan sus derechos y deberes como diputado hasta que el Tribunal Supremo (TS) confirme si le mantiene o no prisión preventiva en la vista judicial del próximo 15 de enero.

Será entonces cuando el Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronuncia sobre el recurso presentado por el exdirigente socialista, en el que solicita la nulidad de la prisión provisional y su libertad alegando falta de prueba penal, falta de riesgo de fuga, vulneración de su derecho a la representación política y uso indebido de la prisión provisional para fines ajenos a su naturaleza procesal.

En el escrito, fechado el 31 de diciembre y compartido este martes a través de su cuenta X, Ábalos afirma que las consecuencias de La decisión supone «la pérdida del derecho a la asignación económica» y «toda ayuda o compensación de gastos» derivado de sus funciones, que le deja «sin ingresos del Congreso» y de sus aportaciones a la Seguridad Social y mutualidades.

Sin embargo, el exministro asegura que la «gravedad fundamental» del acuerdo de la Mesa de la Cámara Baja reside en la «pérdida» de su voto. «Quitan a todos los ciudadanos valencianos que me votaron el 23 de julio de 2023, de una representación legítima y democrática en la XV Legislatura», afirma.

Ábalos incide también en la «alteración del número de diputados en el Congreso», que con su suspensión pasa de 350 a 349.

Sin embargo, el exlíder del PSOE demandar a la junta del congreso que «reconsidere su decisión», adoptada con «prisa y prisa», y le restituya sus derechos y deberes «al menos hasta que se celebre la audiencia judicial» en la que el Tribunal Supremo determinará si le deja o no en libertad tras determinar su ingreso en prisión preventiva, una medida cautelar «tan excepcional como injustificada».

La Junta del Congreso aprobó su suspensión el 10 de diciembre después de que el Tribunal Supremo confirmara su procesamiento por delitos como organización criminal, cohecho o malversación de fondos.

La decisión, en aplicación del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, conlleva la pérdida del derecho de voto, de la retribución económica y de la cobertura de la protección social, entre otros aspectos.