Día clave este miércoles en la recta final del juicio por el caso máscaras. Se espera que los tres acusados, el ex ministro José Luis Ábalossu exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, declaran en la Corte Suprema sobre las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas en plena pandemia.

El primero en declarar será Aldama, de quien Se espera que reconozca delitos para certificar esta estrategia de colaboración ante la Fiscalía Anticorrupción. Tras él será el turno de Koldo y Ábalos. Según fuentes de su defensa consultadas por laSexta, los dos van a intentarlo demostrar la legalidad del efectivo que han intervenido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes.

En una cosa se diferenciarán. Koldo García va a defender que la compra de material sanitario fue una decisión política acertada de su exjefe, José Luis Ábalos. Mientras tanto, el ex ministro va a traspasar la responsabilidad a los técnicos del Ministerio. Así, en la recta final del juicio el tribunal se prepara para prolongar los interrogatorios de los acusados ​​por si un día no fuera suficiente y ha abierto la puerta a que los interrogatorios continúen más allá de este miércoles.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de fondos. Además, interesa el pago de una multa de 3,8 millones de euros. Para Aldama pide siete años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que se aplica la atenuante de la confesión.

Las acusaciones populares lideradas por el PP, por su parte, exigen 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario piden la misma pena que el fiscal.

«Estado de ánimo de enriquecimiento»

La defensa de Aldama reconoció los delitos de organización criminal, cohecho pasivo y utilización de información privilegiada en un documento al que tuvo acceso laSexta que dejó muy apuntados a Ábalos y Koldo. En él el empresario aseguró que el «ánimo de enriquecimiento» que mantuvo con Ábalos y Koldo Hizo que los tres «acordaran» que podrían «contratar con la Administración Pública siempre que hubiera oportunidad», dado «el cargo que ocupaba en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista», algo que podría «favorecer» los intereses de la trama.

Por ello, Anticorrupción considera que el exministro, su exasesor y el empresario «acordaron» aprovechar el cargo del entonces ministro, que fue designado titular del Ministerio de Fomento, luego rebautizado como Transportes, en junio de 2018. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, sostiene que se unieron para «favor», «a cambio del correspondiente beneficio económico», contratar con la Administración «siempre que hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses el empresario captaría y promovería». Todo ello, a su juicio y una vez más, con «un espíritu de enriquecimiento».

Anticorrupción destaca en su acusación que los tres «acordaron la futura comisión de delitos a medida que se presentaban las oportunidades para cometerlos». Destaca también que fueron «apoyados puntual o continuamente por otras autoridades y funcionarios» de Transportes así como por distintas personas del entorno empresarial de Aldama y por familiares de Koldo.

Además, destaca que la presunta organización nació «con innegable vocación de permanencia en el tiempo», ya que «estuvo operando durante varios años y proyectando su accionar delictivo en distintos ámbitos o conductas ilícitas que partían, sin embargo, de la misma estructura que sólo comenzó a debilitarse tras la salida simultánea» de Ábalos y Koldo de Transportes en julio de 2021.

Para Luzón, esta «cohesión» entre los tres «no sólo se manifestó en la comisión de distintos delitos, sino también en la facilitación» a Aldama de un «diálogo privilegiado» en sus relaciones con Transportes y «otros departamentos ministeriales», así como con «diferentes administraciones públicas».

Aldama «había comprado el testamento» de Ábalos

Durante el juicio, el teniente coronel Antonio Balas y un comandante de la UCO hirieron de muerte las estrategias de defensa de Ábalos y Koldo al exponer las pruebas de crímenes contra ellos. Destacaron que Aldama «había comprado el testamento» de Ábaloy que, aunque fue a través de su socio Luis Alberto Escolano, el comisionista se encargó de pagar el piso de la Plaza de España donde residía Jéssica Rodríguez.

Así lo afirmaron tanto Balas como otro miembro de la UCO, destacando que esta compra de voluntad fue a través de pagos como el apartamento de la expareja del exministro. Tanto el teniente coronel como su equipo expusieron en su comunicado cómo se desarrolló la supuesta organización criminal en la que trabajaban. Aldama pagó y ordenó, Ábalos premió y Koldo ejecutó todo lo que le dijo el exministro..

«Hizo lo más grande. Es el que abre negocios, es el que tiene la capacidad de llevar a Aldama y a sus socios a lugares donde ellos mismos no pueden. Es un miembro calificado de la organización, por eso cobra lo que cobra. Por eso le dan lo que le dan y cuando exige le pagan», dijo sobre Ábalos en unas declaraciones que sorprendieron tanto al exministro como a Koldo García en el banquillo.

Jéssica sentencia a Ábalos

En este juicio tampoco ha faltado la declaración de la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguezquien fue interrogada sobre el disfrute de una vivienda en la Plaza de España (Madrid) y sus contratos en Ineco y Tragsatec. Jéssica vivió desde 2019 hasta marzo de 2022 en un piso que le cedió Ábalos en el centro de Madrid, cuyo alquiler está valorado en 2.900 euros al mes. La UCO ha investigado este inmueble como parte de los presuntos pagos a la exministra por parte de Luis Alberto Escolano, socio de Aldama.

El declarante explicó que le dejó quedarse en el apartamento mientras ella seguía estudiando la carrera, cuya matrícula corría a cargo del propio Ábalos, y aún cuando ya habían terminado su relación. Según él, esto podría deberse a su remordimiento por no haber cumplido sus promesas. En este sentido, explicó que Ábalos le hizo cambiar su estilo de vida y que Él «prometió cosas» que no cumplió, por lo que, según ella, quizás se sintió culpable.

Sobre sus contratos en Ineco y Tragsa entre 2019 y 2021, que pagaron cerca de 44.000 euros a Jéssica pese a que nunca asistió a su lugar de trabajoAseguró que “ni siquiera sabía que eran empresas públicas, ni nada de nada”. Además, afirmó que el exsecretario de Organización del PSOE sabía que no iba a trabajar.

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