Altri prosigue su hoja de ruta en Galicia pese al revés del Gobierno
La exclusión del proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) de las ayudas del Perte para la descarbonización industrial, adelantada a última hora de este martes de un modo peculiar por la vicepresidenta del Gobierno de España Yolanda Díaz —a través de su perfil en una red social—, y confirmada ayer por el titular de Industria, Jordi Hereu, provoca un nuevo y aparatoso choque entre La Moncloa y San Caetano. Además, el primer pronunciamiento claro del Ejecutivo central sobre esta iniciativa también siembra dudas sobre su desarrollo, a pesar de que sus promotores recalcan que seguirán adelante con su «hoja de ruta». Con su descarte se le cierra la puerta a una ayuda de unos 30 millones de euros.
Tras conocer la noticia, la Xunta no ahorró calificativos para criticar una decisión en la que ve, para empezar, una «nueva discriminación» a Galicia, recordando que también quedaría fuera de este reparto la iniciativa de Ence de una bioplanta de reciclado de fibra celulósica en As Pontes, que aspiraba a recibir 10 millones. Y es que por más que el ministro haya justificado la decisión en criterios «estrictamente técnicos», alegando que «no ha obtenido la puntuación mínima para la evaluación, ni tampoco ha sacado la puntuación (necesaria) en todos y cada uno de los parámetros», desde la capital gallega observan razones «claramente políticas».
A preguntas de los periodistas en los pasillos del Parlamento autonómico, que acogía la primera jornada del debate de política general, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, arremetió contra el Gobierno por la «poca seriedad» de realizar el anuncio por vía de «un tuit» de Díaz, que ni siquiera es el departamento «competente» en las ayudas.
En paralelo, a pesar del palo que supone quedarse sin los 30 millones procedentes de los fondos europeos a los que optaba, la promotora de la fábrica de producción de fibra textil de origen forestal en la comarca de A Ulloa, Greenfiber, se mantiene firme y no renuncia a su proyecto Gama, «cuya inversión inicial supera los 1.000 millones de euros».
Lejos de tirar la toalla, la empresa insiste en que la iniciativa «sigue su curso», ya que, como traslada en un comunicado, «la decisión nunca estuvo supeditada a la inclusión» en el reparto de esta línea de ayudas, afirmando a mayores que buscará otras vías de financiación pública.
Pero igualmente, anuncia que recurrirá su exclusión del Perte. Inicialmente, la compañía aspiraba a alcanzar 280 millones a través de fondos europeos. Ahora, al quedar descartada de las ayudas a la descarbonización —y a falta del anunciado recurso—, dice adiós a 30 millones. Con todo, Hereu no aclaró si Altri logrará la ayuda directa de 250 millones. «No, no, hoy hablamos del Perte de descarbonización», dijo tras ser preguntado por dichos recursos, que saldrían de fondos europeos.
Plazo límite
En todo caso, Greenfiber explica la participación en esta convocatoria del Perte «se produjo con pleno conocimiento» de que los proyectos candidatos se debían ejecutar antes del 31 de marzo de 2026 y que por ello Gama (nombre de la fábrica) no podría ser elegible por razones de plazo a excepción de que el Gobierno español consiguiera acordar con la Comisión Europea una prórroga, considerando que había más proyectos que se encontraban en la misma situación en cuanto al cumplimiento de los plazos.
Y como a día de hoy no consta que la Comisión Europea haya aprobado esa prórroga», el promotor de Altri recurrirá la resolución del Ministerio de Industria, «en la confianza de que el Gobierno de España pueda alcanzar un acuerdo con la Comisión Europea para la ampliación del plazo».
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó a mediados de marzo la declaración de impacto ambiental positiva para la factoría de Altri a orillas del Ulla, un proyecto no exento de polémica y contestación social calificado como estratégico, aunque condicionado a que cumpla varios requisitos para minimizar su impacto.
María Jesús Lorenzana, que por aquel entonces fue la encargada de dar a conocer el informe junto a la responsable de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, resaltó que el proyecto no tiene garantizada la estructura necesaria de la red de transporte de energía eléctrica, dejando en manos del Gobierno decidir si se invierte o no en la subestación que daría la conexión eléctrica.
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