Unos meses más tarde se informó que una parte importante de ellos ya se habían movilizado, incluida la incorporación de suelos y viviendas de la Sareb, que en ese momento querían convertir en una empresa de vivienda pública. Las casas no están allí ni se las espera.

En septiembre de 2025, el Gobierno llevó a audiencia pública el Proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que tuvo una gran acogida por gran parte del sector porque iba a estar dotado con 7.000 millones de euros (el Estado asumiría el 60% y el 40% restante las Comunidades Autónomas), y por el importe de las ayudas que contemplaba, entre ellas promoción directa, o en régimen de un colaboración público-privada, de viviendas para alquiler social o asequible, incluida la rehabilitación de edificios existentes.

Debo señalar que no mostré la misma complacencia, no tanto por las ayudas que incluía (prácticamente se concederían para todo lo imaginable), sino porque conllevaba la obligación de que las Comunidades Autónomas que quisieran adherirse al Plan tendrían que aplicar íntegramente la ley por el derecho a la vivienda que, como es sabido, tiene un rechazo casi absoluto, a excepción de Cataluña y en menor medida País Vasco y Navarra. Del Plan Estatal de Vivienda, que iba a ser aprobado en la segunda quincena de diciembre, nunca más se supo de él.

No sorprendió a nadie, como era de esperar, que en diciembre de 2025 la Entidad Estatal de Suelo (SEPES) se transformara en la Entidad Estatal de Vivienda, más conocida como Casa 47, que de inmediato lanzó una convocatoria pública para el alquiler asequible del futuro parque de viviendas. cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 20 de febrero.

El problema de la vivienda no sólo está presente en España, aunque aquí se ha convertido en una emergencia social

En la web del MIVAU se puede consultar que la convocatoria está limitada a 134 viviendas de Pontevedra y Valencia, y 37 viviendas de Asturias. Mucho ruido y pocas nueces por tan poco.

El suelo propiedad del SEPES y la SAREB no da para construir muchas viviendas y las pocas viviendas que tiene están en su mayoría ocupadas o situadas donde no se necesitan. Los responsables de Casa 47 y MIVAU han reconocido públicamente que “las casas no se construyen de la noche a la mañana”, tardarán varios años en construirse.

Cuando consigan tener un parque mínimo de alquiler se darán cuenta de que bajo las condiciones anunciadas (duración hasta 75 años, en la práctica contratos indefinidos, vitalicios) no habrá rotación, y ya sabemos lo que pasó hasta que un gobierno del PSOE liberalizó los alquileres en 1985.

El 15 de enero, el Presidente anunció la creación de un Fondo Soberano, “España crece”, dotado con 10.500 millones de euros, procedentes de los fondos NextGenerationEU, con el objetivo de movilizar 120.000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales, vehículo inversor que gestionará el ICO, para desplegar 60.000 millones de euros de financiación, que coinvertirá con el sector privado, de modo que aporte otros 60.000 millones de euros.

Está claro, ¿verdad? El fondo soberano dotado con 10.500 millones de euros está destinado a desplegar 109.500 millones de fondosdiez veces más de lo que aportará el ICO.

El pasado lunes 16 de febrero se dio un paso más: parte de este fondo soberano se destinará a la construcción de viviendas, se movilizarán hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados destinados a financiar la construcción de 15.000 viviendas al año.

Pero el ICO inicialmente sólo inyectará 2.000 millones de euros de fondos europeos (no es tan seguro que la UE acepte una parte importante de los fondos del NGEU, que el Estado español no ha podido gastar, y el plazo acaba en 2026), con el objetivo de captar 9.000 millones de euros de inversores privados. ¿Estarán los inversores dispuestos a aportar fondos sin seguridad jurídica?

Y hoy, 17 de febrero, se ha dado una orden a los promotores e inversores privados: no tendrán que devolver toda la deuda que contraigan, podrán obtener descuentos de hasta el 30%, lo que podría suponerles condonar hasta 32.850 millones de euros (ojo, este tipo de ayudas no son compatibles con las normas de la UE, porque distorsionan la competencia).

Y en la presentación del fondo a empresarios e inversores, vivienda y especulación siguen ligadas: «El fondo soberano extenderá una alfombra roja al inversor privado, pero no para especular con un derecho constitucional (la vivienda), sino para construir una vivienda».

El problema de la vivienda no sólo está presente en España, aunque aquí se ha convertido en una emergencia social.
El informe de la Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo reconoce que se necesitan 10 millones de viviendas en Europa, y propone, entre otras medidas, la dotación de un fondo europeo en el marco del Plan de Vivienda Asequible. ¿España competirá con la UE con un fondo propio?

Finalmente, el Gobierno ha asumido que el problema de la vivienda se debe fundamentalmente a una oferta insuficiente, y sabe que no podrá resolverse a corto ni siquiera medio plazo. Y hoy ha reconocido que sin el sector privado no será posible hacerlo.

Un sector inmobiliario que ha demostrado sobradamente que es capaz de construir más viviendas… si se le dan los medios y no se le ponen obstáculos. Sólo el sector privado, en colaboración público-privada, puede lograrlo. Pero se necesita seguridad jurídica y autonomía en la gestión. Si no se garantizan ambos, el fondo soberano (para la vivienda) quedará como un anuncio más.

Y el Gobierno tiene que entender que el sector de la construcción en España carece de capacidad para incrementar significativamente el número de viviendas terminadas, que de media apenas superan las 100.000 anuales, la mitad de las nuevas viviendas creadas.

Y faltan infraestructuras: el desarrollo de nuevas viviendas se está viendo comprometido por las dificultades para obtener energía eléctrica. Y que la vivienda asequible no se puede conseguir si los costes de construcción siguen subiendo (desde noviembre de 2025 tenemos un anteproyecto de modificación del Código Técnico de la Edificación, que aumentará aún más los costes). No debes hacer promesas que no puedas cumplir.

***Julián Salcedo es economista y experto en el sector inmobiliario.