el proyecto de nueva normativa de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid entrar un revolución silenciosa en la tramitación administrativa: la declaración responsable sustituye a las autorizaciones que podría tomar mesespermitiendo a los promotores obtener la calificación final en un casi inmediatosegún ha podido saber este medio.

Sin embargo, fuentes del sector consultadas por ECONOMÍA DIGITAL advierten que la simplificación burocrática choca con una contradicción fundamental: los grandes tenedores Venden suelos a precios que hacen inviable desarrollar viviendas protegidas cumpliendo con los límites de ingresos establecidos.

La agilidad administrativa constituye uno de los pilares del nuevo reglamento publicado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para que el sector inmobiliario haz tus propias recomendaciones.

La sustitución de los procedimientos tradicionales por la declaración responsable del promotor promete acelerar drásticamente la obtención de la calificación final y la aprobación de contratos, permitiendo a los compradores Recibe tus llaves casi de inmediato. después de finalizar las obras.

El procedimiento anterior fue kafkiano: procedimientos de meses de duración, interminables revisiones burocráticas y promotores desesperados esperando autorizaciones administrativas mientras las viviendas permanecían vacías.

«La parte técnica es clave. Necesitábamos introducir procedimientos más ágiles«explica una fuente del sector desarrollo consultada por este diario. Ahora, el promotor es el responsable de que todo esté en orden y la Administración lo verifica posteriormente. El periodo de verificación se establece en tres meses desde la presentación de la declaración responsable.

Según el texto del decreto, una vez presentada la declaración responsable de calificación definitiva, el Departamento responsable de la Vivienda verificará inicialmente 15 dias que el documento esté completo y los datos sean verdaderos.

Si se constatan deficiencias, se requerirá al promotor una sola vez. para corregirlos en otros 15 días. Si la declaración responsable cumple los requisitos, en el plazo de tres meses se realizará la verificación material de la actuación realizada.

Este cambio ha sido bien recibido por el sector, que ha años denunciando la lentitud de los procesos administrativos como uno de los principales frenos construcción de viviendas protegidas.

La simplificación no se detiene en la calificación final. El nuevo reglamento amplía el sistema de declaración responsable a endoso de contratos de compraventa y arrendamiento.

Los promotores deberán presentar los títulos de acceso mediante un modelo normalizado en el que consten expresamente que se cumplen las especificaciones de calificación, que el adquirente o arrendatario cumple los requisitos de acceso y que el precio no supera el máximo establecido.

El Departamento tendrá un plazo máximo de seis meses verificar que el precio de venta cumple con lo establecido, que el alquiler cumple con los límites legales, que el comprador o arrendatario cumple con los requisitos de acceso y que los contratos contienen las cláusulas obligatorias. Una vez transcurrido este plazo sin resolución expresa de ineficacia, el procedimiento expirará.

Para viviendas destinadas a venta o uso propioLos contratos deberán presentarse con la declaración responsable de calificación definitiva o, si se celebran posteriormente, en el plazo máximo de un mes desde su firma. En el caso de viviendas para alquilerlos contratos sólo pueden celebrarse después de la ppresentación de la nota final y además deberá presentarse en el mes siguiente a su firma.

Pero la simplificación administrativa no soluciona el que el sector considera el principal obstáculo para impulsar la vivienda protegida en Madrid. «¿Quién más yesta especulando son las administraciones subastas de tierras patrimoniales», denuncia una fuente que prefiere permanecer en el anonimato. «Es una cuestión que tenemos que atajar«.

El problema, según explican las mismas fuentes, es estructural: ayuntamientos y otras administraciones venden terrenos patrimoniales por encima del precio del módulo establecidos para viviendas protegidas, haciendo inviable económicamente cualquier promoción. «Se vende encima del módulo.«, insisten estas fuentes.

La ecuación es simple pero implacable. La norma establece que las viviendas de protección pública básica (BPPV) Sólo se pueden alquilar a familias con ingresos inferiores a 5,5 veces el IPREM.

Si una administración pública vende el suelo por encima del precio que hace viable un desarrollo con esos límites de alquiler, el negocio simplemente no funciona. Los promotores se encuentran en una encrucijada: o renuncian a participar en las subastas públicas de terrenos o tomar pérdidas que hagan inviable el mantenimiento de la actividad.

Ayuso, una normativa ambiciosa con interrogantes

El nuevo marco regulatorio persigue un objetivo ambicioso: aumentar la oferta de vivienda protegida a través del racionalización de procedimientos y flexibilidad de tipologías.

Sin embargo, los profesionales del sector señalan que sin abordar el precio del suelo público, especialmente en las subastas de suelo patrimonial, lLa construcción de nuevas viviendas protegidas seguirá siendo una quimera en muchos municipios madrileños.

La cuestión que queda en el aire es si la simplificación administrativa será suficiente para compensar lo que el sector considera distorsiones de precios en el mercado del suelo.