Cuando Nicolás Maduro compareció este lunes ante un tribunal federal en Nueva York tras la operación estadounidense en Caracas, el foco mediático pronto pasó de los cargos –narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra– al hombre sentado a su lado: el abogado. Barry Pollack. Durante décadas, ha sido el abogado penalista al que se recurre cuando el caso es políticamente tóxico, legalmente extremo y explosivo mediático.

fue el quien logró la libertad de Julian Assangefundador de WikiLeaks, poniendo fin a una batalla legal de casi catorce años que culminó en 2024 con un acuerdo negociado con tres gobiernos (Estados Unidos, Reino Unido y Australia) que muchos consideraban imposible. Por tanto, el hecho de que el régimen venezolano haya puesto ahora en sus manos su futuro judicial no es un simple fichaje defensivo, sino una jugada calculada.

A sus 61 años, Pollack es socio del despacho de abogados Harris St Laurent & Wechsler, en el distrito financiero de Manhattan, a pocos minutos del tribunal federal donde Maduro se declaró inocente. Su reputación está respaldada por el propio sistema judicial estadounidense. Chambers USA lo describe como un abogado reflexivo y meticuloso que «vive y respira» juicios penales y tiene una habilidad poco común para comunicarse con los jurados. No es un improvisador, sino un estratega de litigios acostumbrado a moverse en escenarios hostiles.

Su nombre aparece cuando el proceso judicial deja de ser estrictamente penal y pasa a ser una cuestión política; cuando el acusado no sólo se enfrenta a una posible condena, sino a un relato oficial que lo considera culpable, incluso antes de sentarse en el banquillo. Ese ha sido, de hecho, el terreno natural de su carrera, forjada en causas donde el poder busca sentar precedentes y enviar mensajes.

casos famosos

Su historial incluye victorias poco comunes. El caso Assange no se resolvió en los tribunales, pero en la mesa de negociacionesa través de un acuerdo que permitió al fundador de WikiLeaks declararse culpable de un solo delito de espionaje fuera del territorio continental de Estados Unidos –en las Islas Marianas del Norte– y salir en libertad después de años de prisión y siete más como refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

Asimismo, Pollack logró la absolución total de un ex ejecutivo de Enron —el mayor escándalo empresarial en Estados Unidos—en un contexto en el que las condenas eran casi automáticas y jugaron un papel decisivo en la exoneración de Martín Tankleff, encarcelado durante diecisiete años por el asesinato de sus padres antes de que se demostrara su inocencia. Ese caso acabó con una indemnización millonaria y consolidó su fama como abogado capaz de desmontar acusaciones sólidamente establecidas.

Su reputación no se ha forjado en oficinas corporativas, pero en los tribunales. Fue defensor público federal, trabajó en grandes firmas especializadas en delitos económicos y terminó convirtiéndose en un referente en casos de condenas injustas y litigios políticamente sensibles. Ha presidido la principal asociación nacional de abogados defensores, es miembro del Colegio Americano de Abogados Litigantes y se desempeña como profesor adjunto de práctica penal federal en la Universidad de Georgetown. No opera desde fuera del sistema, sino desde su núcleo, con un profundo conocimiento de sus engranajes.

Una historia comprensible

Pollack suele explicar su principal fortaleza en términos simples: la traducción. Su trabajo es convertir montañas de información técnica en una historia comprensible para un jurado. El Gobierno, sostiene, siempre presenta una versión cerrada de los hechos; La defensa debe demostrar que no es la única posible ni necesariamente la mejor. Esta filosofía anticipa el enfoque que se ha comenzado a desplegar en el caso Maduro.

La comparecencia del líder venezolano ante el tribunal de Nueva York fue breve procesalmente, pero elocuente simbólicamente. Al declararse inocente, Maduro no sólo respondió a los cargos penales, sino también organizó una defensa política. El momento más revelador llegó cuando afirmó: «Sigo siendo el presidente de mi país». Esa frase apunta al eje central de la estrategia jurídica: la disputa por su estatus político y, con ello, por la validez de los argumentos de inmunidad soberana y jurisdicción. En la misma línea se expresó su esposa, Cilia Flores, reivindicando su condición de primera dama y rechazando todas las acusaciones.

Pollack dejó clara esa lectura desde su primera intervención. Al cuestionar la legalidad de la captura de Maduro y calificarla de «secuestro», introdujo un elemento explosivo: la posible violación del derecho internacional y de los principios básicos de la soberanía estatal. No se trata de una defensa encaminada a una rápida absolución -algo improbable- sino más bien de una estrategia diseñada para alargar el proceso, multiplicar los frentes legales y aumentar el costo político y diplomático del caso.

La próxima audiencia, prevista para el 17 de marzo, será sólo el comienzo de un procedimiento que amenaza con convertirse en uno de los juicios más politizados que Estados Unidos haya enfrentado jamás contra un líder extranjero.