la defensa de Begoña Gómez recurre al juez Juan Carlos Peinado contra su decisión de convocar una vista previa del juicio para el próximo 9 de junio. En ese escrito al que ha tenido acceso laSexta se analizan las críticas que el magistrado ha hecho a este segundo inicio del Procedimiento del Jurado «una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías de un proceso penal en un Estado democrático, como si tuviera excesiva prisa por terminar el procedimiento.

El abogado de la esposa del presidente del Gobierno, Antonio Camacho, señala que el instructor abrió el Jurado y lo cerró en el mismo orden, privando a las partes de «procedimientos esenciales en el procedimiento del Jurado».

El juez Peinado citó a audiencia preliminar de juicio a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés por sus actividades en la Universidad Complutense de Madrid. En esa citación les advirtió que debían «comparecer personalmente», bajo amenaza de que si no lo hacían podrían ser «retenidos por la fuerza pública».

Peinado propuso juzgar a Begoña Gómez con un jurado popular por presuntos delitos de malversación de fondos, tráfico de influencias, corrupción empresarial y apropiación indebida de marcas.

La esposa de Pedro Sánchez está bajo investigación judicial desde abril de 2024 tras una denuncia del sindicato vinculado a la ultraderecha Manos Médicas. La Fiscalía ha solicitado en repetidas ocasiones el archivo de este caso. El juez Juan Carlos Peinado investiga si utilizó su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer la adjudicación de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés, lo que encajaría en delitos de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Además, la investigación se ha ampliado a su actividad al frente de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, en particular por la creación y registro de software desarrollado en ese marco, por posibles delitos de apropiación indebida e intrusión.

También se investiga un delito de presunta malversación de fondos relacionado con el nombramiento y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, para determinar si pudo haber habido utilización indebida de recursos públicos en beneficio de actividades privadas.

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