Begoña Gómez entrega su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla
Begoña Gómez entrega este miércoles su pasaporte a los juzgados de conformidad con las medidas cautelares acordadas por el juez Juan Carlos Peinado. La decisión sigue vigente pese al debate abierto en el Consejo General del Poder Judicial sobre la actuación del magistrado y mientras la Audiencia Provincial de Madrid analiza los recursos presentados por la defensa.
La emisión del pasaporte se realiza previo acuerdo del instructor. retiro del documentola obligación de comparecer periódicamente ante los tribunales y prohibición de salir del territorio nacional.
La situación judicial del magistrado no modificó la ejecución de estas medidas. La posible apertura de un expediente disciplinario contra Peinado siguió un camino distinto al del procedimiento legal y por tanto no tuvo efecto sobre las decisiones adoptadas en el expediente.
Fuentes judiciales recordaron que el único órgano con facultad para revocar las medidas cautelares era la Audiencia Provincial de Madridquien estaba a la espera de resolver el recurso presentado por la defensa de Gómez.
El debate llega al CGPJ
Mientras las medidas permanecían vigentes, el Consejo General del Poder Judicial analizó el contenido del auto dictado por Peinado. El Comité Permanente acordó transferir el caso al promotor de medidas disciplinarias estudiar si los hechos podrían formar parte de una posible infracción grave prevista en la ley orgánica del poder judicial.
La decisión ha sido tomada por una ligera mayoría y fue desbloqueado por el voto de calidad de la presidenta de la organización, Isabel Perelló.
El análisis disciplinario se centró en las referencias hechas por el magistrado a una hipotéticas acciones de los escoltas de Gómez en relación a un posible plan de fuga, extremo incluido en la resolución judicial que motivó la adopción de las medidas cautelares.
A la espera del juzgado de Madrid
La defensa de Begoña Gómez recurrió la retirada de su pasaporte, la obligación de comparecer cada quince días y la prohibición de salir de España.
Sin embargo, la resolución de estas llamadas fue A la espera de la Audiencia Provincial de Madrid, quien también tenía sobre la mesa otras preguntas relacionadas con la investigación. Hasta que se tome una decisión judicial, las medidas acordadas por el monitor permaneció en plena vigencia.
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