Colocación de jueces. La idea no es de ahora, me ronda desde hace casi dos décadas. Puedo transformarlo rápidamente en mi imaginación en una fila de puertas detrás de las cuales, cloqueando o en silencio, decenas de jueces trabajan para «dictar» una sentencia o una orden u otra resolución.

Luego, una cinta transportadora eficiente tomaría el producto de su incubación para introducirlo en el sistema mientras los que están en el diablo regresan para incubar el siguiente producto de resolución.

El nuevo año nos ha traído el modelo definitivo de juez de silla, que llevaba tiempo en diseño, pero al que el inefable Bolaños ha terminado de darle forma.

Los nuevos Tribunales de Instancia, más allá del caos organizativo y los cambios que van a provocar, son el establecimiento definitivo de las líneas de capas -en este caso no hay que sexar el togado- que nos hacen llegar al juez con más poderes despojados que la democracia haya contemplado jamás: aquel que sólo conserva el esqueleto constitucional de su función, juzgar y ejecutar, mientras todo lo demás ha sido absorbido por otras estructuras que, por supuesto, tienen dependencia ministerial.

A Bolaños sólo le queda una de ellas en el bolsillo de su legislador: la de quitar la investigación penal y entregársela a un Ministerio Público cada vez más dependiente del Gobierno, limitando las acusaciones populares.

Recemos para que, a través de Junts, la zancadilla de este último proyecto siga dejando el proceso penal bien amarrado por parte del ejecutivo.

Os resumo la nueva ley que acaba de entrar en vigor para los ciudadanos. Ya no hay tribunales como los conocías.

Ese tribunal con su juez, su ex secretario judicial ahora LAJ (Abogado de la Administración de Justicia), sus funcionarios y hasta su propio espacio físico. Aquel pequeño reino de taifas en el que el juez era casi un dios desde la concepción napoleónica. Adiós.

Ahora hay «cargos judiciales», los de las gallinas ponedoras, y una oficina judicial repleta de funcionarios a las órdenes de la LAJ que, por tanto, ordena el proceso. Todo por modernizar, llenar de eficacia y gestionar el esfuerzo -así lo han justificado todos los políticos que han intervenido-, aunque con la particularidad de que esa inmensa maquinaria burocrática está gestionada por los LAJ que dependen de sus jefes territoriales que a su vez dependen del Secretario General de la Administración de Justicia.

En definitiva: que el juez empiece a “hacer” resoluciones y resolver y que todo el resto del mecanismo haya salido de su control para pasar a controles más prosaicos.

Este proceso no es nuevo, por eso les cuento que la idea de “capas” me vino a la mente hace mucho tiempo. El primer paso en esta quita de facultades al juez lo dio, por supuesto, Felipe González allá por 1996 cuando le quitó la decisión pura y simple de enviar o no al imputado a prisión preventiva. En esa fecha se hizo la reforma que obligaba al fiscal o a una de las acusaciones a solicitarlo ya que, de no hacerlo, el juez no tiene más remedio que dejar en libertad al detenido.

La reforma quedó convenientemente camuflada en la Ley del Jurado, con la que nada tenía que ver, y fue poco debatida. El resultado evidente es que en los miles de procedimientos en los que sólo actúa el fiscal, éste tiene el poder de decidir que los imputados sean puestos en libertad; Le basta con no pedir prisión.

Como aquí no hay inocentes, en 2003, bajo el gobierno de Aznar, el juez también fue despojado de la facultad de fijar sus propios juicios y ésta fue entregada a los secretarios judiciales dependientes del ministerio quienes, a partir de ese momento, pudieron fijar la fecha del juicio según su criterio, lo que, no pasó desapercibido, podía ofrecer una ventaja política si se intentaba determinar las fechas de juicios de importancia política. Ni los secretarios ni los jueces lo habían reclamado jamás, era una opción política.

Como parecía engorroso para una persona que no tenía que juzgar decidir cuándo y cuánto tiempo se celebraban las audiencias, se llevó a cabo con cierta coordinación en los juzgados y salas en las que había buen rollo y en las que no, pues ya está. Pero se lo quitaron.

El siguiente obstáculo para poner freno al juez consistió en la creación por parte de Aznar de la figura del secretario general de la Administración de Justicia como máximo consejero del ministerio que reinaba sobre los entonces secretarios generales.

La primera vez que se cubrió este cargo fue en 2008, en el gobierno de Zapatero, y lo asumió la fiscal Pilar Rodríguez Fernández, conocida por todos por ser fiscal jefe provincial de Madrid y haber sido primero imputada y luego haber sido testigo a favor del Fiscal General del Estado en su juicio. Nada ideológico.

Es decir, como dijeron entonces los propios secretarios judiciales, estaba claro que la cadena de mando establecida en el papel en 2003 y nunca puesta en práctica se completó por alguna razón.

Luego vino el nombre de Letrado de la Administración de Justicia y el aumento de competencias para estos y, finalmente, este invento de los Tribunales de Instancia que dejan en apuros el poder del juez, pues incluso el reparto de asuntos entre los diferentes «levantadores» pasa del decanato de jueces a los J.A.J. que ya realizan los trámites de ordenación, decretos, actas de comunicación, costas y tasaciones y tantas cosas más.

No sé si a los ciudadanos nos interesa este desvío de funciones del juez a funcionarios dependientes del poder político, pero no tengo ninguna duda de que sí. Pueden tocar música de modernización, pero suena como el baile diabólico de «toca, toca, maldita sea».