Bruselas pide también fomentar la construcción de viviendas y aumentar el stock disponible para alquiler social, así como «reequilibrar el gasto social entre generaciones«, con más ayudas a los jóvenes y para combatir la pobreza infantil, en un momento en el que la mayor parte del gasto público se concentra en el pago de las pensiones.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario exige a Sánchez»adaptar graDoblemente el presupuesto para sostener un nivel estructuralmente más alto de gasto en defensa.En cuanto a las ayudas energéticas, la Comisión insiste en que deben ser temporales y quirúrgicas y su coste debe ser «compatible con los compromisos asumidos en el marco fiscal de la UE».

en su recomendaciones anuales de política económica para España publicado este miércoles, el Ejecutivo comunitario alerta al Gobierno de Sánchez del riesgo de incurrir en un «desviación» de las reglas fiscales europeas en 2026, lo que abriría la puerta a un procedimiento sancionador, y le exige «garantizar que el gasto neto respeta las tasas de crecimiento máximas recomendadas».

Según cálculos de Bruselas, el gasto neto en España crecerá un 5,1% en 2026 y un 14,9% acumulado durante 2024, 2025 y 2026, lo que supone una desviación equivalente al 0,6% del PBI en términos anuales y una brecha acumulada del 0,7% del PBI en los tres años. Esto supera los límites máximos del 0,3% y 0,6% contemplados en las nuevas reglas fiscales.

Con la activación de la cláusula de escape nacional para el gasto en defensa invocada por el Gobierno de Sánchez en abril, la desviación acumulada del gasto neto se reduciría al 0,4%, todavía demasiado cerca del umbral del 0,6%. Lo que aún está por determinar es el efecto de la nueva flexibilidad aprobada este miércoles por la Comisión para determinadas ayudas energéticas, que permite excluir de su coste en el cálculo del impuesto hasta un 0,3% del PIB.

En cualquier caso, la recomendación pide a Sánchez»Fortalecer la sostenibilidad fiscal, incluso limitando los beneficios fiscales, protegiendo al mismo tiempo el crecimiento y apoyando a los hogares de bajos ingresos.«.

Según datos que maneja Bruselas, los tipos reducidos del IVA representan el 60% de los beneficios fiscales en España: nuestro país está entre los que registran mayor pérdida potencial de recaudación del IVA en toda la UE debido a la amplia extensión de los tipos reducidos y las exenciones.

«Entre las categorías que disfrutan de tipos reducidos de IVA, las restaurantes y servicios de alojamientopor su elevado impacto presupuestario y su muy limitado efecto redistributivo. Un uso más restringido de los tipos reducidos del IVA ayudaría a simplificar el sistema fiscal«, enfatiza la recomendación.

Según los cálculos del AIReFque la propia Comisión toma como referencia, aumentar el IVA en hoteles y restaurantes del 10% al 21% proporcionaría ingresos adicionales de hasta el 0,4% del PIB, es decir, alrededor de 7.000 millones de euros anuales.

Además, subir el IVA a hoteles y restaurantes tendría un impacto muy pequeño en el crecimiento económico y el empleo, y también reforzaría la progresividad del sistema tributario, ya que son servicios consumidos en mayor medida por los hogares de mayores ingresos, alega la Comisión.

Impuestos laborales

En materia fiscal, el Ejecutivo comunitario también advierte de que la no deflación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el aumento de las cotizaciones sociales pagar pensiones está aumentando desproporcionadamente la carga fiscal sobre el trabajo, mientras que España sigue a la zaga de la UE no sólo en impuestos al consumo sino también en impuestos medioambientales.

«La proporción media de los impuestos laborales en la recaudación fiscal total de España aumentó del 48,7% de media en el período 2015-2019 al 51,8% en el período 2020-2024, mientras que la media de la UE se mantuvo sin cambios en el 51,4% durante el mismo intervalo», afirma el informe.

«El aumento de los ingresos procedentes de los impuestos sobre el trabajo explica la El 90% del aumento de la presión fiscal en España durante la última décadalo que refleja una creciente dependencia de este tipo de impuestos. La falta de actualización de los tramos del impuesto sobre la renta y los aumentos de las cotizaciones sociales han acelerado este cambio hacia una mayor fiscalidad del trabajo», denuncia Bruselas.

Crisis inmobiliaria

En cuanto a la viviendaEl Ejecutivo comunitario señala que el mercado en España «continúa bajo una fuerte presión debido a los persistentes cuellos de botella en la oferta, especialmente en las zonas de mayor demanda». «Combinados con una mayor demanda de vivienda, estos factores están impulsando una presión alcista sobre los precios«, añade.

Además, nuestro país tiene Uno de los parques de viviendas sociales más pequeños de la UE.representa menos del 2% del total de viviendas, en comparación con una media de aproximadamente el 7% en la UE. Esta situación agrava la presión sobre el mercado de alquiler y contribuye al aumento de los precios de la vivienda. Además, el parque existente de viviendas sociales está distribuido de manera desigual en todo el territorio y no refleja adecuadamente las necesidades territoriales donde la demanda es más intensa.

Por todo ello, Bruselas exige a las autoridades españolas «ampliar el parque de viviendasentre otras medidas a través de la revisión del marco regulatorio, la simplificación de los procedimientos de autorización, la facilitación de la disponibilidad de suelo y la reutilización del parque inmobiliario infrautilizado.»

La otra gran prioridad que debería impulsar el Gobierno de Sánchez es «incrementar la oferta de vivienda asequible y social, favoreciendo opciones de alquiler, mejor alineadas con las necesidades territoriales y regionales y Basados ​​en sistemas de financiación sostenibles. Menos dependientes de la financiación pública.«.