BRUSELAS 11 de noviembre (EUROPA PRESS) –

La Comisión Europea ha incluido a España entre los cuatro países del bloque que, al encontrarse bajo una mayor presión migratoria, pueden apelar a la solidaridad de sus socios y activar el mecanismo previsto en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo para que una parte de los migrantes que lleguen irregularmente a su territorio sean reubicados en otros estados miembros.

Así se recoge en el primer informe anual sobre la situación migratoria en la Unión Europea, un documento que no hace públicas las cuotas de reubicación a las que podrían acceder los países en cuestión una vez implementado plenamente el Pacto Migratorio; una reforma cuya entrada en vigor está prevista para junio de 2026 -aunque países como Hungría o Polonia aún no han presentado sus planes nacionales, paso previo necesario-.

En concreto, Bruselas identifica a España e Italia como países bajo una gran presión migratoria debido al «desproporcionado» número de llegadas irregulares a causa de operaciones de búsqueda y rescate en alta mar durante el último año. También ve a Grecia y Chipre bajo presión debido a un «nivel desproporcionado de llegadas» en el mismo período.

Esta clasificación no implica una activación automática por parte de los cuatro Estados miembros, sino que los hace «elegibles» para beneficiarse de la «reserva de solidaridad» prevista en la reforma migratoria, de la que el comisario de Interior y Migraciones, Markus Brunner, afirmó en una rueda de prensa que «no es perfecta», pero que «es mejor que nada».

La propuesta de Bruselas para el reparto de la carga de acoger a los solicitantes de asilo debería haber sido presentada el pasado mes de octubre, pero el comisario optó por posponerla sin fecha debido a las reservas expresadas por varios Estados miembros a la hora de aceptar formar parte de los socios solidarios, entre ellos Bélgica, Finlandia y Países Bajos.

El mecanismo en cuestión, que no será aplicable hasta que entre en vigor el Pacto sobre Migraciones, permite aplicar esta solidaridad de forma «flexible» al objetivo de trasladar al menos a 30.000 migrantes cada año, de modo que los países podrán negarse a recibir a parte de los candidatos a ser reubicados a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o medios o fondos de valor equivalente.

Así, el informe del Ejecutivo comunitario ofrece la base legal para recurrir al mecanismo de reubicación una vez esté formalmente en marcha, aunque las cuotas de reubicación dependerán de una decisión que adopte el Consejo (Gobiernos).

En primer lugar, los gobiernos deberán presentar sus «compromisos de contribución» de acuerdo con los criterios de distribución justa establecidos por el Pacto y podrán elegir la forma que adoptará su solidaridad, es decir, acoger a las personas reubicadas o hacerse cargo de las deportaciones decididas, proporcionar apoyo financiero u ofrecer otras medidas alternativas; incluso combinar varios de ellos.

RIESGO DE PRESIÓN PARA OTRA DOCENA DE PAÍSES

La Comisión identifica también una decena de países con «riesgo» de sufrir presiones migratorias más adelante por el número de llegadas o por las tensiones en su sistema: Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia y Finlandia. Estos países tendrán acceso prioritario a los instrumentos de ayuda proporcionados por la UE.

Por su parte, Bulgaria, Chequia, Estonia, Croacia, Austria y Polonia podrán pedir al Consejo que reduzca parcial o totalmente sus obligaciones con el mecanismo de reubicación el próximo año en función de la presión acumulada.

En la presentación del informe, Brunner insistió en el valor del pacto para «reconstruir» la confianza perdida entre los Estados miembros en materia de inmigración después de que «unos sientan que otros han ignorado las normas», al tiempo que subrayó que tanto el mecanismo de solidaridad como el resto de elementos de la reforma buscan «recuperar la confianza y recuperar el control».

Ante la prensa, el comisario quiso dejar claro que la reserva a las deslocalizaciones es sólo una parte de la respuesta a la presión migratoria sobre los países de la Unión Europea, sobre la que ha dicho que hay tres corrientes clave.

En este sentido, Brunner ha enumerado el elevado número de cruces ilegales desde las rutas del Mediterráneo, los más de 4 millones de ucranianos con protección temporal refugiados en suelo comunitario desde el inicio de la guerra, y las diferentes formas de «instrumentalización» de la migración con las que terceros como Rusia o Bielorrusia buscan desestabilizar la UE.

Sin embargo, la Comisión Europea reconoce que los datos del último año (entre julio de 2024 y junio de 2025) apuntan a una «mejora» de la situación en el conjunto de la Unión, con una caída del 35% en el número de llegadas ilegales.

También se ha referido a la necesidad de que Italia vuelva a aplicar sin reservas las normas de Dublín que obligan a cada Estado miembro a hacerse cargo de las solicitudes de asilo de todos los inmigrantes que llegan a la UE a través de su territorio y ha advertido que de ello dependerá que pueda beneficiarse del mecanismo, como han reclamado países como Países Bajos y Bélgica, que critican los movimientos secundarios por los que los inmigrantes entrados por Italia piden asilo en otros países más al norte.

«Es un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, por lo que debe ir de la mano, debe ocurrir en paralelo», respondió el comisario, a la pregunta de si el restablecimiento de las normas de Dublín en Italia es una condición para poder solicitar al resto de socios que reubiquen a los inmigrantes en su territorio.

De hecho, como aclaran fuentes comunitarias, si Bruselas detecta «deficiencias sistémicas» en un Estado miembro elegible para recibir ayudas a la reubicación porque no cumple con las normas de responsabilidad para los inmigrantes entrantes, el resto de países que se hayan comprometido a acoger parte de sus reubicaciones quedarán exentos de dicha obligación.