CASO MASCARILLAS ALMERÍA | El juez ya envió a la UCO en mayo a la Diputación de Almería y le llegó a abrir un expediente por posible «mala fe»
La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en Almería arrancó en 2020 con lo que se ha conocido como caso mascarillas pero ha continuado con grabaciones, peticiones de expedientes, registros y detenciones durante cinco años. Arrancó en un juzgado de Cataluña y saltó años después al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería centrando la causa en un posible caso de corrupción y cobro de comisiones con indicios de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en la contratación público y blanqueo de capitales.
[–>[–>[–>Durante los últimos meses una circunstancia ha marcado la investigación judicial y de la UCO: el choque frontal con la Diputación de Almería que se personó en la causa en 2021 para «ejercitar la acusación particular como posible perjudicada en los hechos investigados«. Sin embargo, durante todo el proceso se han sucedido sus recursos, y su oposión a las ampliaciones de investigación que se han registrado debido a la gran complejidad del proceso que se ha ido ampliando de seis en seis meses conforme lo requería la Guardia Civil que estaba ultimando nuevos informes. La última ampliación fue en junio de 2026 ante el anuncio de nuevos informes que han desembocado precisamente en la nueva fase y las detenciones de este mes de septiembre.
[–> [–>[–>Estos continuos escritos y la oposición a determinados autos llevaron al Juzgado en el mes de marzo a enfrentarse abiertamente a la institución provincial. El 19 de marzo dictó auto contra uno de sus recursos de reforma para abrir una pieza separada contra la institución provincial por «abuso de derecho o mala fe». Esta fue finalmente archivada semanas después pero derivó en la adopción de una medida contundente: la expulsión de la Diputación de la causa.
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«No puede ser víctima de un delito quien niega sistemáticamente la existencia de ese presunto delito», resume el escrito en el que se advierte que no tiene sentido que continúe como acusación particular. Del mismo modo, descarta que se pueda mantener como responsable civil subsidiaria: «Este supuesto no se plantea pues la única víctima potencial, que sería la Diputación, niega tal condición y renuncia a ostentar la cualidad de acusación particular«. Los servicios jurídicos de la institución provincial recurren pero se desestima su escrito.
[–>[–>[–>El 27 de octubre, no obstante, la Diputación Provincial formalizó una nueva petición para volver a entrar en la causa y acceder en consecuencia a toda la información. En ese escrito vuelve a plantear su incorporación a la instrucción como acusación particular al ser parte perjudicada.
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Personación de la UCO
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A continuación, el Juzgado, a instancias de la UCO, dio un paso más. Ante la supuesta comisión de delitos públicos relacionados con la corrupción se acordó la personación de los agentes en la institución provincial para requerir documentación de forma personal (no a través de envíos) y se tomaron declaraciones a altos funcionarios de la administración como testigos de la causa.
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[–>De esta forma, el 6 de mayo los agentes de la UCO acudieron a la Diputación de Almería para pedir todos los expedientes de contratos de material sanitarios realizados durante el año 2020 a las empresas Jimsalab, Mundo Verde y Azor Corporate (la que dio origen a la investigación). Al mismo tiempo, esa misma semana comparecieron de forma voluntaria como testigos el secretario-interventor y tesorero, el que era jefe de servicios de Prevención y Salud Laboral en 2020 y dos diputados provinciales miembros del equipo de Javier Aureliano García. Todos fueron como testigos.
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Esta personación de la UCO en la Diputación Provincial y las nuevas declaraciones se produjeron en mayo, después de un contundente informe de la UCO en el que apreciaba evidentes indicios de posibles cobros de comisiones en contratos públicos.
[–>[–>[–>En junio, el Juzgado acordó un nuevo plazo de seis meses en la investigación judicial debido a la complejidad del proceso que derivó en noviembre en la nueva fase de la operación que ha desembocado en 17 personas investigadas y al menos cinco detenciones.
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Hasta este viernes, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, y su vicepresidente Fernando Giménez, han permanecido en sus cargos. Orgánicamente además García ha seguido como presidente del PP y fue renovado en la ejecutiva regional de Juanma Moreno en el congreso de Sevilla celebrado hace dos semanas.
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