El demoledor informe de la Inspección General de Servicios ha tenido la descortesía de emborronar un relato cómodo. Hasta ahora, el caso Cerredo podía presentarse como una tragedia imprevisible, un cúmulo de infortunios camino del juzgado. Pero 318 folios después, la pregunta ya no es qué pasó bajo tierra, sino qué hacía —o dejaba de hacer— la administración regional mientras pasaba.