De Naturgy y Telefónica a Indra y Talgo, El SEPI ha intervenido en el mercado con dinero público, alterando el equilibrio natural del sector privado y dejando en el aire una pregunta fundamental: ¿un gobierno tiene el poder moral y económico para definir qué es de interés estratégico?

La noticia reciente que sugiere que su próximo movimiento, de Telefónica, tendrá prisa, grupo de propiedad de medios de El país y el ser de la cadena, Muestran que la intervención no se limita a sectores como la energía o la defensa. Ahora, El estado busca una influencia directa en la cuarta potencia.

La excusa es la misma: la defensa de los intereses nacionales, esta vez en el campo informativo. Pero el dilema es obvio: un financiamiento del gobierno con dinero de los contribuyentes su propia capacidad para Influir en el debate público es una deriva preocupante.

La intervención estatal en los sectores clave no es nueva, pero su escalada en España adopta una lógica más cerca del capitalismo estatal que de la economía de mercado. La justificación de que estas empresas son de interés estratégico es arbitraria y discrecional. ¿Basado en qué criterios decide que Naturgy es estratégico, pero no otra energía? ¿Por qué Indra y no otros tecnológicos? ¿Y ahora tienes prisa?

La intervención estatal en los sectores clave no es nueva, pero su escalada en España adopta un cercano lógico al capitalismo estatal que a la economía de mercado

El caso de Telefónica es especialmente paradigmático. Su papel en la infraestructura crítica del país podría justificar un cierto grado de protección, pero la intervención a través del SEPI introduce un conflicto de intereses obvios. Una empresa no está siendo rescatada en crisis, sino participando en una empresa rentable y cotizada en el mercado de valores. ¿Es el estado un actor más económico o un regulador que juega con ventaja? La distorsión del mercado es evidente.

Pero un asalto hipotético plantea el problema a otro nivel. Si un gobierno, a través de un instrumento público, decide tomar posiciones en un grupo de medios, la independencia editorial se ve comprometida irremediablemente. La idea de que un ejecutivo, que ya controla la radio pública, extiende su influencia en los medios privados es Un precedente inquietante para la información y la salud democrática del país.

Históricamente, las economías más dinámicas han sido aquellas en las que el sector privado opera sin interferencia estatal arbitraria. El papel del estado debería ser el de un garante de la competencia, no el de un participante que, mientras regula, juega con dinero extranjero. El sepi, en lugar de ser un Vehículo de protección De la economía nacional, se está convirtiendo en una herramienta de intervención disfrazada de estrategia.

Esta tendencia tiene un costo. La inversión extranjera observa con sospecha cómo interviene el gobierno en las empresas negociadas, generando incertidumbre y dudas sobre la certeza legal. En un mundo globalizado, donde la competitividad del mercado es clave, la imagen de un estado que Actúa como un accionista omnipresente es una señal de alerta para los inversores.

El dilema moral es evidente: cuando el dinero público se usa para comprar participaciones en empresas privadas, el ciudadano deja de ser un contribuyente para convertirse en un financiero forzado de una estrategia económica de tintes políticos. Y si el estado decide qué empresas son estratégicas y cuáles no, el concepto de libre mercado se convierte en una ficción.

La pregunta final es inevitable: ¿hasta dónde llegará esta política de intervención encubierta? Si hoy la participación estatal en tecnología, banca, energía y medios de comunicación está justificada, ¿cuál será el siguiente sector en la lista? La línea entre un estado protector y Un estado de control es difuso, y España está peligrosamente cerca de cruzarlo.