Conpasas ha denunciado el Comunidad de Madrid para la concesión de un subsidio Tres millones de euros a CeseAsociado con el empleador CEOE, para aconsejar a los empresarios y empresarios que comprendan que es contrario a la ley por no permitir la concurrencia de otras organizaciones.

El empleador ha presentado una apelación contenciosa administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya ha admitido que procesa, contra la orden del 13 de marzo de 2025 del Ministerio de Economía, Finanzas y Empleo Madrid, una información que avanzó por la economía digital.

La ayuda fue otorgada a la organización de jóvenes empresarios y la Federación de Autónoma para la realización de «acciones de Asesoramiento, información, capacitación, conciencia y difusión en emprendimiento y el desarrollo empresarial, con especial atención al entorno rural, para enfrentar el desafío demográfico y contribuir a la revitalización de pequeños municipios en la región ».

«Teniendo en cuenta que ambas organizaciones son parte de CEOE, Conpymes considera que la concesión de 3 millones de euros directamente a las entidades relacionadas es contraria a los intereses públicos, a la Constitución y las leyes e intereses de otras organizaciones comerciales que no pueden acceder a estos subsidios en igualdad de oportunidades», argumentan de la organización.

Por lo tanto, en Conpymes, argumentan que los pasos establecidos en el Artículo 103 de la Constitución española no han sido respetados, al tiempo que afirman que «la administración pública sirve objetivamente los intereses generales y los actos de acuerdo con los principios de eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con la presentación completa a la ley y la ley».

«La administración pública debe actuar sin preferencias o discriminaciones, buscando el bien común y no actuar sin justificación y sin respetar lo que se indica en la ley general de los subsidios», dice el presidente de Conpymes, José María Torres.

La Corte Suprema ya dio razones a un reclamo de Conpymes contra un subsidio de 30.6 millones, en este momento del gobierno central, a los «interlocutores sociales más representativos», CEOE-Cepyme y UGT, para capacitar cursos de digitalización, una ayuda vinculada a los fondos europeos del plan de recuperación y que se hizo acortando los fallos infractos en 2022, cuando no hubo excepcional las razones que no hubo excepcionales que justificó ello.

En su resolución, la Corte Suprema afirmó que «los únicos interlocutores representativos no son sindicatos de clase y el empleador, por lo que la posición única carece de toda justificación».

La sentencia suprema, que respalda la apelación de las conpimas, destaca que la ley general de los subsidios y la llamada pública regulada allí, sin supresión de los informes, consultas y opiniones que proporciona, sin perjuicio del hecho de que se puede establecer una reducción de los plazos en ellos.