Este nuevo procedimiento de sanción que abre el consumo a través de su dirección general comienza a partir de la investigación que comenzó en octubre pasado desde el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy.

FACUA denunció a Rent Safe en noviembre de 2023 por obligar a los inquilinos a pagarles el equivalente de un mes de alquiler más el 21% de IVA, colección que justificó la provisión de un «servicio de servicio al arrendatario».

Según la organización del consumidor, Se ha ubicado el alquiler seguro para presentar sus acusaciones a la propuesta de sanción.

La compañía también tiene la opción de reconocer la comisión de una parte o todas las infracciones por las que ha sido acelerado, comprometerse a corregirlas y pagar la multa con una reducción significativa en su monto.

Más bienes raíces

Esta investigación aún está en progreso con respecto a otras compañías inmobiliarias que también podrían haber cometido estas u otras prácticas. La Dirección General del Consumidor ha requerido información a estas agencias después de recibir quejas sobre este tipo de acciones de Tenkine-CU, FACUA y la Unión OCU.

Estas quejas Las infracciones como pagar una comisión para la gerencia de arrendamiento se destaquen, imponiendo la contratación de seguro o la obligación de los servicios de contrato no solicitados por el inquilino.

En este sentido, desde el consumo se indica que la ley 12/2023 del 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe expresamente a los inquilinos los gastos de la gestión inmobiliaria y la formalización del contrato.

Estas infracciones llevan multas que en El caso de ser serio es de hasta 100,000 euros poder superar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Pero Si se consideran muy serios, podrían ser sancionados con multas de hasta un millón de eurosPoder superar esas cantidades hasta alcanzar seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Otros archivos

Este nuevo procedimiento de sanción por consumo se une al archivo de sanción que el departamento dirigido por Pablo Bustinduy abrió hace tres meses, también en el campo de la vivienda, a una plataforma dedicada al alquiler de viviendas turísticas.

En este caso, el archivo se lanzó porque esta plataforma mantiene miles de anuncios de vivienda de este tipo que se clasificaron como publicidad ilegal para suponer una infracción de la ley general para la defensa de los consumidores y los usuarios.

La Dirección General del Consumidor pidió a la plataforma que retirara inminentemente estos anuncios Y, antes de su rechazo, se inició el archivo.

En la misma línea, el consumo se abrió en febrero sancionando archivos a empresas que administran hogares turísticos en diferentes comunidades autónomas.

Sobre los derechos de los inquilinos, dado que el consumo ya se ha llevado a cabo con acciones de información con operadores del mercado sobre posibles comportamientos abusivos en los contratos de alquiler.

Sería prácticas que también son contrarias a las regulaciones actuales Cómo exigir a los inquilinos e inquilinos que paguen bonos desproporcionados, que asumen garantías adicionales o tienen que pagar mensualmente mensualmente.

De la Dirección General del Consumidor se indica que el inicio de este archivo de sanción no prejuzga el resultado final de la investigación.