Consumo Su cruzada continúa contra los supuestos abusos en el mercado inmobiliario. El ministerio dirigido por Pablo Bustinduy ha anunciado el Spealing de un archivo sancionador a una gran agencia de bienes raíces que opera en todo el territorio nacional por Posibles prácticas abusivas contra los inquilinos En gestión de alquiler.

Este nuevo procedimiento de sanción que abre el consumo a través de su Dirección General comienza a partir de la investigación que se lanzó en octubre pasado desde el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy. Esta investigación aún está en curso con respecto a otras compañías inmobiliarias que también podrían haber cometido estas u otras prácticas, como ha aclarado el ministerio.

La Dirección General del Consumidor ha requerido información a estas agencias después de recibir quejas sobre este tipo de acciones por parte de la Unión Tenkine-CECU, los consumidores FACUA en acción y la OCU (organización de consumidores y usuarios). En estas quejas, según el consumo, violaciones como Pague una comisión para la gestión de arrendamiento, imponga la contratación de seguro o la obligación de los servicios de contrato no solicitados por el inquilino.

En este sentido, desde el consumo se indica que «Ley 12/2023 del 24 de mayo por el derecho a la vivienda» prohíbe expresamente a los inquilinos los gastos de realización y formalización del contrato. También se indica que estas cláusulas o prácticas podrían ser constitutivas de infracciones que, según la ley de defensa del consumidor, podrían describirse como graves y ser sancionadas con multas de hasta incluso hasta incluso 100,000 euros poder superar esas cantidades hasta llegar cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido; o muy serio, y ser sancionado con multas de hasta Un millón de euros, poder superar esas cantidades hasta que llegan entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Otras acciones

Este nuevo procedimiento de sanción por consumo se une al archivo de sanción que el departamento dirigido por Pablo Bustinduy abrió hace tres meses, también en el campo de la vivienda, a Airbnb. En este caso, el archivo se lanzó porque esta plataforma, según el ministerio, mantiene miles de anuncios de alojamiento de este tipo que se clasificaron como publicidad ilegal para suponer una infracción de la ley general para la defensa de los consumidores y los usuarios. La Dirección General del Consumo solicitó a la plataforma que retirara inminentemente estos anuncios y, dada su negativa, el archivo se inició, según el consumo.

En la misma línea, el consumo se abrió en febrero sancionando archivos a las empresas que administran viviendas turísticas en diferentes comunidades autónomas después de detectar que estos gerentes ofrecerían «información o información falsa que, incluso si son sinceros, pueden inducir a los destinatarios a errores, por su contenido o presentación inductora», lo que significaría un injusticia injusto. Esto es, por ejemplo, indicar en el anuncio que quien administra un alojamiento turístico es una persona en particular, o varias, cuando en realidad sería una empresa.