Esta medida cubre a aquellos inquilinos cuyos contratos vencen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. En la carta, firmada por el Director General de ConsumoSe informa a todas las empresas de que es obligatorio cumplir el decreto, que fue aprobado a finales de marzo por separado del decreto de ayuda para la guerra en Irán.

El escrito explica a estos propietarios que «el inquilino podrá renovar extraordinariamente su contrato de alquiler una vez finalice su duración por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato fuera entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Por lo tanto, la norma genera un nuevo derecho a renovar el plazo del contrato de alquiler por dos años el cual, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose vigentes los términos y condiciones del contrato.

Ante esta obligación de atender favorablemente la solicitud del inquilino, Consumo ha pedido a las entidades «la máxima diligencia para asegurar la correcta aplicación de las medidas, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su inmediato cumplimiento».

El momento de esta carta no es una coincidencia ya que el 28 de abril está previsto que el Congreso vote la validación del decreto de alquileres, que también incluye el tope del 2% a los aumentos de alquileres. A menos que haya sorpresa, la medida bajará en Cámara Baja al no tener apoyo suficiente y volveremos a la situación anterior.

La duda que existe entre los juristas es sobre la continuidad de aquellos contratos que han sido prorrogados bajo un decreto que en cuestión de días puede dejar de existir. Partiendo de la literalidad del texto, la mayoría de fuentes consultadas por ABC apuntan a que los inquilinos con contratos que expiren entre el 20 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 ya pueden pedir a su arrendador que prorrogue su contrato de arrendamiento, pero algunas fuentes apuntan que sin el apoyo del Congreso, el efecto de la ley podría acabar desapareciendo.

«Las medidas afectan directamente al alquiler de vivienda habitual, sector en el que operan estas inmobiliarias. Un informe elaborado por Consumo en colaboración con el CSIC, revela este jueves que el 61% del mercado del alquiler está en manos de multiinquilinos individuales y personas jurídicas, mientras que el pequeño propietario con una sola vivienda en alquiler controla el 39% de las viviendas alquiladas», indica el ministerio, al tiempo que añade que «los multiinquilinos controlan una proporción aún mayor del mercado del alquiler en grandes ciudades como Las Palmas (65%), Santa Cruz de Tenerife (64,6%), Palma (63%), Barcelona (60,8%), Madrid (56,4%) o Valencia (55%)».

En cualquier caso, no es la primera vez que Consumo se dirige a los grandes propietarios para informarles de la medida. Unos días después de la aprobación del decreto, el ministerio ya envió cartas a 13 empresas del sector inmobiliario para explicar la obligatoriedad de la prórroga.

Asimismo, también incluyó un modelo de aplicación para que las mismas empresas puedan facilitárselo a sus inquilinos, «para que, si lo desean, puedan ejercer los derechos recogidos en la normativa», según recoge el escrito. Fuentes del departamento de Bustinduy confirman que la carta enviada hoy es idéntica a la que enviaron hace poco más de tres semanas.