El Ministerio de Consumidor intensifica su ofensiva contra el abuso en el mercado de alquiler. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy anunció el martes el inicio de un Segundo archivo de sanciones -As que el alquiler abierto abre en marzo a una agencia nacional de bienes raíces para posibles prácticas abusivas contra inquilinos, como la recolección de comisiones ilegales o la imposición de servicios no solicitados.

Este nuevo procedimiento de sanción que abre el consumo a través de su Dirección General Parte de la investigación que comenzó en octubre pasado Del ministerio dirigido por Pablo Bustinduy después de quejas de la Unión de Inquilinos de CECU y asociaciones de consumidores como FACUA y OCU. Esta investigación aún está en curso con respecto a otras compañías inmobiliarias que también podrían haber cometido estas u otras prácticas, como ha aclarado el ministerio.

Las principales prácticas denunciadas por las diferentes organizaciones se basan en infracciones como obligar a los inquilinos e inquilinos a pagar una comisión para la gestión del arrendamiento (generalmente utilizado por las compañías inmobiliarias para reemplazar la comisión de la agencia, que ahora recae en los propietarios), Imponer la contratación de seguro o la obligación de los servicios de contrato no solicitados por el inquilino. En este sentido, el consumo recuerda que desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, a fines de mayo de 2023, los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato están expresamente prohibidos a los inquilinos.

Además, el consumo indica que estas prácticas podrían constituir infracciones graves o muy graves bajo la ley de defensa del consumidor. Las sanciones por infracciones graves pueden alcanzar los 100,000 euros y superar hasta cuatro o seis veces el beneficio ilícito obtenido. En el caso de infracciones muy graves, las multas podrían alcanzar un millón de euros y extender hasta ocho veces el beneficio económico logrado de manera incorrecta.

Los dos procedimientos de sanción abiertos a dos agencias de bienes raíces se unen al archivo que la Dirección General del Consumidor Airbnb, que requiere que retire 65,935 anuncios ilegales de su plataforma, así como al archivo de sanción abierto contra las compañías que administran los hogares turísticos en diferentes regiones después de detectar que estos gerentes serían «información falsa o información que, incluso si puede indicar. A los receptores de los receptores en diferentes regiones, lo que significa que estos gerentes serían de» información falsa o información que, incluso si puede indicar. A los receptores de los receptores, por sus inducciones, para sus inducciones, lo que significa que estos gerentes serían ofreciendo información o información que, incluso si puede indicar. A los receptores de los receptores, por sus inducciones, lo que significa que estos gerentes se presentarían, lo que estaría en cuenta o presente la información o presente. práctica engañosa.

El Departamento de Bustinduy insiste en que la vivienda es un «derecho y una buena necesidad cubierta por la ley» y todas sus iniciativas pasan por el objetivo de protegerla, aunque indica que el inicio de este archivo sancionamiento no prejuzga el resultado final de la investigación.