«Alargar las listas de espera para ganar más dinero«. Es la frase que inició la polémica que vuelve a sacudir el ámbito sanitario en Madrid. El escándalo en torno al Hospital de Torrejón ha situado a la empresa en el centro del debate Salud Ribera y, con ello, el modelo de privatización sanitaria que el Partido Popular ha impulsado en los últimos años.

Las grabaciones filtradas, en las que el director general de la compañía, Pablo Gallart, insta a los responsables del centro a reducir la actividad asistencial, alargar las listas de espera y priorizar sólo los procesos más rentables, han sacudido por completo la credibilidad de un sistema que desde su creación ha defendido la eficiencia y la modernización como sus grandes virtudes.

En estos audios, Gallart sostiene que la relación entre beneficio económico y número de pacientes El servicio prestado es «directo» y, a su vez, anima a su equipo a obtener varios millones mediante ajustes que evidentemente afectarían a la atención sanitaria.

Sánchez, contra las «privatizaciones»

La reacción política y social no se ha hecho esperar. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchezha denunciado públicamente que estas prácticas ejemplifican los riesgos de convertir la salud en un negociomientras que la ministra de Salud ha anunciado que su departamento ya trabaja en una ley para evitar que los hospitales públicos sean gestionados bajo modelos que permitan este tipo de incentivos económicos.

Este sábado, el líder socialista reclamó la protección de la salud pública recogida en la Constitución al tiempo que cobró contra los «recortes» y las «privatizaciones» que a su juicio aplican las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. «Ante los recortes, los aumentos de las listas de espera y también las privatizaciones que está llevando a cabo la administración del PP, donde gobierna, lo que hace el artículo 43 es consagrar el derecho a la sanidad pública para todos, y no el derecho a la sanidad privada», ha afirmado.

En ese sentido, criticó que las privatizaciones siempre se hacen a favor de «las mismas empresas relacionadas» a los gobiernos del PP con el objetivo de «cubrir su cuenta de resultados». Por ello, se han comprometido a hacer todo lo que esté en su mano y utilizar «todas las herramientas del Estado» para defender ese artículo 43 y «hacer realidad la sanidad pública gratuita, universal y equitativa».

Ribera Salud es una empresa que nació en 1999 para gestionar el Hospital de La Ribera, en Alzira, pionero del llamado «Modelo Alcira«, que combinaba financiación pública con administración privada. Con el tiempo, la empresa se expandió por la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Murcia y Asturias, y llegó al sistema madrileño en 2011 con la gestión del Hospital de Torrejón, que da servicio a más de 150.000 habitantes.

Alzira se presentó como ejemplo de eficiencia, pero pronto Pérdidas millonarias acumuladas lo que obligó a un rescate público de más de 70 millones de euros. Pese a ello, el PP renovó la concesión a un coste aún mayor: la Generalitat pasó de pagar 225 euros por habitante a 379, cifra que ascendió hasta los 750 euros con el paso de los años. Finalmente, en 2018, el gobierno del Botànic rescindió el contrato.

Mientras tanto, en Madrid el modelo sigue vigente y fue impulsado por el PP, especialmente bajo la presidencia de Esperanza Aguirreque impulsó una red de hospitales privatizados en medio de protestas de profesionales y usuarios. Sus sucesores mantuvieron la estrategia hasta alcanzar los 13 centros actuales de gestión privada. Uno de ellos es el Hospital de Torrejón, al que el Gobierno de Ayuso tuvo que inyectar este verano 33 millones de euros para garantizar su funcionamiento.

Su estructura incluye no solo hospitalespero también centros médicos, laboratorios, servicios de diagnóstico y áreas de capacitación, lo que lo ha convertido en uno de los conglomerados privados de salud más influyentes del país. Para sus defensores, este modelo permitió aumentar la flexibilidad, introducir nuevas herramientas de gestión y aliviar el presupuesto público. Para sus detractores, implicó la apertura de una puerta peligrosa: un sistema donde la salud de los ciudadanos podría verse condicionada por el cálculo económico.

Reutilización de suministros médicos

Por su parte, las denuncias del Hospital de Torrejón corroboran estos temores. Varios trabajadores han indicado que la dirección incluso ordenó la reutilización de suministros médicos legalmente destinados a un solo uso, lo que aumentaría los riesgos clínicos. Los cuatro directivos que denunciaron internamente estas prácticas a través del canal ético fueron despedidoslo que ha alimentado aún más las sospechas sobre la cultura interna de la empresa.

Aunque la Comunidad de Madrid sostiene que no se han detectado incumplimientos formales, el escándalo ha abierto una grieta difícil de cerrar en un modelo que ya era bajo la lupa.

Lo ocurrido en Torrejón podría marcar un antes y un después en la política sanitaria española. Pero no es el único escándalo que sacude el modelo de privatización ‘popular’. El novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso Se le ha señalado por formar parte de contratos vinculados a la sanidad privada, lo que refuerza las críticas a la sanidad privada y su relación con el PP.

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