Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución coercitiva en la ciudad de Móstoles (Madrid).

La investigación policial se inició en octubre de 2025, tras la declaración de una de las víctimas a través de una comunicación del Hospital Universitario de Villalba (Madrid), donde la mujer declaraba haber sido víctima de explotación sexual.

La operación se saldó con la detención de siete personas y la liberación de 18 mujeres víctimas de explotación sexual. Durante el procedimiento se incautaron 10.000 euros en efectivo, diversas dosis de sustancias estupefacientes (cocaína y marihuana), así como documentos de interés, terminales telefónicos y material informático y fotográfico.

Una cabaña utilizada como burdel.

Los cabecillas, formados por mujeres de nacionalidad española, explotaban a mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad personal y económica, obligándolas a vestir de forma sugestiva para ser fotografiadas y publicitando sus servicios en páginas de contacto.

Las víctimas fueron obligadas a dormir en el sótano, en literas y a compartir un único baño en condiciones de hacinamiento. Además. Eran monitoreados y grabados constantemente mientras dormían y se cambiaban de ropa, debiendo mantener las luces encendidas toda la noche.

Las mujeres no podían rechazar a sus clientes, ya que debían estar disponibles las 24 horas del día. Para salir de casa necesitaban permiso, con un máximo de 2 horas diarias. Estaban obligados a entregar el 50% de sus ganancias y el incumplimiento de las normas se castigaba con sanciones económicas, insultos, amenazas o el desalojo de la propiedad con la consecuencia de perder el depósito pagado.

El procedimiento contó con la ayuda de varios hombres.

La colaboración de al menos dos hombres que trabajaban en turnos de 12 horas se encargó de editar las imágenes con programas de edición fotográfica. La organización también gestionaba la adquisición y suministro de drogas, principalmente cocaína y estimulantes sexuales, tanto a clientes como a mujeres explotadas.

Los responsables de la red criminal habían estructurado una red comercial con al menos cuatro empresas identificadas, con el objetivo de ocultar la verdadera naturaleza de su actividad criminal.

Varias de las 18 mujeres liberadas tras la intervención policial fueron asistidas por organizaciones no gubernamentales especializadas en la atención a este tipo de víctimas.

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