España se encuentra en un punto de inflexión demográfico y social sin precedentes. Según los últimos datos de INENuestra nación roza ya los 49,4 millones de habitantes, un récord histórico impulsado por un flujo migratorio que ha sumado 2,5 millones de personas nacidas en el exterior en apenas cuatro años. Sin embargo, detrás de la frialdad de las cifras de empadronamiento se esconde una realidad inquietante: estamos creciendo en población, pero fallando en integración laboral.

El reciente informe del think tank Intelligent Regulatory Forum (FRI) arroja luz sobre una paradoja que debería hacer saltar todas las alarmas en el Palacio de la Moncloa. Mientras que la tasa de detención El número de extranjeros (18,2%) supera con creces al de los nacionales (11,6%), la tasa de actividad de los inmigrantes ha caído a su nivel más bajo en dos décadas. No es una cuestión de falta de voluntad; Es un problema de diseño sistémico. El diagnóstico es claro: España ha construido un laberinto burocrático que asfixia el dinamismo económico.

Los resultados de la encuesta del FRI son devastadores. El 66,8% de los inmigrantes afirma haber sufrido obstáculos administrativos insalvables para acceder al empleo. No es el idioma o la falta de cualificación la principal barrera, sino el «papel». La paradoja adquiere tintes kafkianos cuando escuchamos la voz de los empresarios: el 87% de empresarios valora positivamente el desempeño de sus trabajadores extranjeros, pero el 63% confiesa que contratar a un profesional procedente del extranjero es una odisea jurídica.

Esta desconexión entre oferta y demanda no es gratuita. El informe estima una pérdida de 5.100 millones de euros en salarios potenciales, dinero que no circula, no contribuye y no ayuda a sostener nuestro sistema de bienestar. Pero el coste más elevado no es el contable, sino el social. Como barómetro de la CEIel inmigración se ha consolidado como una de las tres principales preocupaciones de los ciudadanos. Cuando la integración laboral es lenta, crece la sospecha. La inmigración que no funciona –o que es empujada a la economía sumergida ante la imposibilidad de regularizar sus títulos y permisos– se convierte en el combustible perfecto para la polarización política.

Es imperativo que el Administración escuchar las demandas del sector productivo. La simplificación de los trámites migratorios, la agilización de la convalidación de títulos académicos y la creación de incentivos fiscales no son «concesiones», son herramientas para la supervivencia económica.

Sí España aspira a seguir siendo una sociedad próspera y cohesionada, no puede permitirse el lujo de desperdiciar el talento de quienes vienen con el deseo de contribuir. La integración real no se firma en una oficina de registro, se consolida en el ámbito laboral. Es hora de derribar el muro de burocracia antes de que la fractura social sea irreparable.