E.T. no es el problema
Barack Obama dijo hace unos días, en tono de broma, que «los extraterrestres son reales». El algoritmo hizo lo de siempre: transformar una frase ligera en un minuto viral. Horas después, el propio Obama matizó que no vio evidencia de contacto durante su presidencia y recordó lo obvio: si existe vida ahí fuera, las distancias hacen improbable la visita y todavía más improbable la prueba. El guion es un termómetro de época: una broma produce más electricidad social que un chantaje arancelario, que una crisis de soberanía o que un bloqueo informativo diseñado para que la culpa no encuentre rostro. La hipótesis alienígena entretiene porque no exige responsabilidad. La política real, en cambio, se ha convertido en un producto: se consume.
[–>[–>[–>E.T. no es el problema. El problema es la normalización del chantaje como método de gobierno y como forma de relación entre Estados, empresas y ciudadanos. La coerción se está volviendo gramática común: aranceles como castigo por sostener principios, plataformas como infraestructura privada de la conversación pública y regímenes que gobiernan por silencio para que la memoria no se organice.
[–> [–>[–>Empecemos por el Ártico. Groenlandia dejó de ser geografía para convertirse en un manual contemporáneo de intimidación. Cuando se amenaza a aliados con aranceles vinculados a exigencias políticas o territoriales, la negociación deja de ser intercambio y pasa a ser disciplina. En demasiadas negociaciones, la amenaza ya no es preludio: es el contrato. Y lo más revelador es lo rápido que la política se traduce a pantalla: según Reuters, las bolsas europeas cayeron tras la amenaza arancelaria de Donald Trump, con el STOXX 600 y los grandes índices nacionales acusando el golpe. Y no fue un temblor exclusivamente europeo. Reuters describió que, a medida que la amenaza se digería, el episodio derivó en un giro global hacia la aversión al riesgo: ventas también en Wall Street, presión sobre el dólar, ventas en tesoros, repunte de rentabilidades, y búsqueda de refugio en el oro.
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En el mercado de divisas, el patrón fue especialmente revelador: en vez de fortalecerse por el ruido arancelario, el dólar se debilitó por el aumento de incertidumbre política emanando de Washington. Cuando Trump recortó la amenaza días después, Reuters recogió el movimiento inverso: aflojó la tensión, subieron las acciones y el dólar retrocedió al reactivarse el apetito por riesgo.
[–>[–>[–>Cuando la política entra en la pantalla, la pantalla empieza a gobernar la política. Soberanía convertida en puntos porcentuales. Lo inquietante no es solo la amenaza, sino la pedagogía: se está educando a democracias enteras a aceptar que los principios tienen tarifa y que la solidaridad se renegocia bajo presión.
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Cuando Emmanuel Macron habla del «momento Groenlandia» como llamada a reformas y resiliencia, verbaliza lo que en la Unión Europea ya se intuye sin épica: la relación transatlántica ha dejado de ser axioma y se ha convertido en variable. Si el vínculo se gobierna a golpe de arancel, la soberanía se mide en capacidad de aguantar dolor, no en derecho. Y esa es la trampa: cuando el coste se normaliza, la coacción deja de parecer excepcional y se vuelve rutina.
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[–>Lo digo también desde mi propia dieta informativa: soy oyente habitual de Pivot, uno de los podcasts más influyentes de Estados Unidos sobre tecnología, poder corporativo y política real. En ese espacio, el profesor Scott Galloway lanzó la campaña de «resistir y darse de baja»: cancelar suscripciones y posponer compras a grandes plataformas para mover la aguja donde de verdad duele. La premisa es brutalmente contemporánea: hay líderes poco sensibles a los argumentos y muy sensibles a los incentivos; cuando se mueven los mercados, el discurso cambia. En una actualización reciente, Galloway afirmaba estar «a punto de cruzar el millar» de correos con capturas de cancelaciones, además de un pico de unas 250.000 visitas en un solo día a la iniciativa. No cambiará el mundo; sí señala dónde duele: en la caja.
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Ese puente —de la coerción exterior a la fragilidad interior— no es un capricho retórico. Es el mecanismo. Un mundo más agresivo por fuera produce democracias más nerviosas por dentro, y esas democracias están descubriendo que su conversación pública ya no es plaza: es red privada, con reglas privadas y con incentivos privados.
[–>[–>[–>En el Reino Unido, Keir Starmer ha anunciado el endurecimiento del marco para incluir explícitamente a los chatbots de IA tras el escándalo de deepfakes sexuales vinculados a Grok. No es un tecnicismo. Es un síntoma: el daño ya no es solo «contenido», sino capacidad de automatizarlo y distribuirlo. Cuando la toxicidad se industrializa, la vieja idea liberal de «más discurso» se queda corta. Ya no compites contra una opinión: compites contra un torno industrial de atención que convierte indignación en ingresos.
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La segunda pieza del rompecabezas es la soberanía cognitiva. La Comisión Europea abrió una investigación formal contra X por el despliegue de Grok y por el funcionamiento de su sistema de recomendación bajo el Digital Services Act. Aquí conviene bajar el concepto a tierra: ese sistema decide si hoy ves hechos o gritos, contexto o adrenalina; decide qué se amplifica y qué se ahoga. No lo hace por ideología: lo hace por incentivo (tiempo de permanencia, reacción, polarización rentable). Y cuando esa máquina se usa con cinismo —o se deja degradar por negligencia— el coste no es reputación: el coste es gobernabilidad.
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La tercera pieza es el contraataque jurídico de las grandes tecnológicas, presentado como cruzada por la «rendición de cuentas». WhatsApp obtuvo respaldo del Tribunal de Justicia de la UE para impugnar una multa de 225 millones de euros y, con ello, se abre un frente que va más allá del importe: quién decide, con qué legitimidad, y hasta dónde puede llegar el árbitro europeo —incluido el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)— cuando el poder privado ya no es solo económico, sino infraestructural. Hasta aquí, Estado de derecho. El giro llega cuando el relato se convierte en guerra cultural: se denuncia a un «organismo no elegido» y se intenta transformar un pleito regulatorio en una campaña política contra «Bruselas». Ahí la palabra «libertad» se usa como máscara de modelo de negocio. La libertad que se defiende no es la del usuario; es la libertad de la plataforma para decidir qué ve el usuario, cómo se le empuja, cómo se le segmenta, cómo se le activa.
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Y para ver la lógica sin maquillaje conviene mirar donde no hace falta sofisticación. En Irán, Amnesty International describe una militarización asfixiante tras masacres de protesta: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, prohibiciones de reunión y ataques para silenciar a familias. Allí la coerción no se disfraza de procedimiento ni de litigio; se impone. El apagón de información no es un fallo del sistema: es el sistema. No hace falta convencer; basta con impedir que los hechos circulen y que el duelo se convierta en acusación. La oscuridad, allí, es política pública.
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El hilo que une todo, sin convertir la actualidad en un collage, es sencillo y brutal: la coerción está sustituyendo a la legitimidad. Aranceles para disciplinar aliados, sistemas de recomendación para disciplinar percepciones, demandas para disciplinar reguladores, silencios para disciplinar memoria. Cambian los escenarios; no cambia la lógica: reducir el espacio donde una sociedad puede deliberar y convertir la política en un mercado de amenazas.
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La tragedia es que nos estamos acostumbrando. Lo fantástico ya no está fuera: está aquí, en la idea de que el poder acepte límites sin pasar factura. Lo improbable sería que un compromiso internacional se sostuviera por principio y no por miedo. Lo inaudito sería que una plataforma renunciara a optimizar indignación para optimizar verdad.
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Los extraterrestres no son el problema. El problema es que hemos empezado a vivir como si la ley, la verdad y la soberanía fueran servicios «premium»: se pagan, se negocian, se cancelan. Una sociedad que acepta eso deja de ser ciudadanía para convertirse en clientela. Y cuando la política se reduce a suscripción, la libertad se convierte en una condición de uso.
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