Durante décadas –de hecho, durante más de siglo y medio– España ha estado experimentando una anomalía política, económica y social que ya no puede justificarse. Se trata del incapacidad para articular un Plan Hidrológico Nacional serio, estable y técnicamente coherenteque permite llevar agua de cuencas excedentarias a cuencas deficitarias.

Y no estamos hablando de un tema menor. Hablamos de un factor que condiciona la vida, la actividad productiva y el futuro de amplias zonas del país, porque en España hay un problema evidente: El agua está mal distribuida, tanto por razones naturales como por la ausencia de decisiones políticas..

La situación es fácil de explicar: hay territorios donde, debido a las precipitaciones y caudales, hay suficiente agua disponible, y otros donde el agua es estructuralmente escasa. La cuestión, por tanto, no es si hay agua o no hay agua. La pregunta es: ¿cómo puede ser que, en un país moderno, con capacidad técnica, infraestructura y conocimiento, se acepte que algunas regiones tengan superávits y otras sufran déficit crónico?

España lleva más de un siglo debatiendo este tema. Ha habido propuestas, estudios, encargos, proyectos y planes. Y, sin embargo, una y otra vez, ha sido rechazado. El último intento serio fue el plan aprobado por Aznar, que fue derogado por Zapatero nada más llegar al poder, impidiendo su ejecución.

El agua se ha convertido en un instrumento de confrontación territorial, en lugar de tratarla como lo que realmente es: un recurso estratégico nacional, esencial para el bienestar, la producción y la cohesión.. Es difícil encontrar un ejemplo más claro de cómo la falta de visión de largo plazo y el cortoplacismo electoral pueden impedir decisiones necesarias. España no puede permitir que el agua se gestione según criterios partidistas. La gestión del agua requiere planificación, continuidad y rigor. La zona más seca de España necesita agua para vivir, mantener su tejido productivo y sostener su actividad agrícola. Y aquí cabe destacar algo que a veces se tergiversa deliberadamente: la agricultura española, especialmente en las zonas más secas, es extraordinariamente eficiente en el uso del agua.

Gracias a la modernización del riego, el riego por goteo, la tecnología, el control del consumo y la profesionalización del sector, España ha desarrollado una agricultura competitiva. Sin embargo, esta agricultura se enfrenta a un problema creciente: la escasez.

El agua está mal distribuida por razones naturales y falta de decisiones políticas

En España hay solidaridad interregional. Los ingresos se redistribuyen entre territorios a través del sistema tributario. Se transfieren recursos de las regiones con mayor capacidad económica a las de menores ingresos, con el objetivo de garantizar los servicios públicos básicos y la cohesión social, y, al margen de los debates sobre su diseño, nadie en su sano juicio defendería que se elimine esa redistribución. Bueno entonces, Si se redistribuyen los ingresos, también hay que compartir el agua.

No es coherente aceptar la solidaridad fiscal y negar la solidaridad hídrica. No es coherente sostener que algunas regiones deben contribuir al sostenimiento de otras, pero que el agua –recurso esencial– no puede circular para garantizar la vida y la actividad económica. El agua no es patrimonio político de un territorio. Es un recurso nacional que debe gestionarse con criterios de eficiencia y cohesión. Sin una política de transferencias y uso se pierde una parte relevante del agua, que acaba desembocando en el mar sin uso productivo, sin uso social y sin contribuir a reducir el déficit hídrico en otras cuencas. Esto no significa «vaciar ríos» ni actuar sin criterios ecológicos. Significa que, cuando hay excedentes, debe haber infraestructuras que permitan gestionar esos excedentes de forma racional. En un país con sequías recurrentes, renunciar a esa posibilidad no tiene sentido.

Él El Plan Hidrológico Nacional no debe entenderse como un ataque a unas regiones ni como una imposición. Debe entenderse como una política de Estado. Un plan nacional permite: asegurar el suministro humano en zonas deficitarias; garantizar estabilidad a una agricultura eficiente; reducir las desigualdades territoriales; reducir los conflictos políticos recurrentes; aprovechar los excedentes que hoy se pierden; y planificar infraestructuras con continuidad.

La sequía no es nueva. Tampoco la irregularidad climática. Lo nuevo es la irresponsabilidad de seguir sin una respuesta estructural. España necesita urgentemente un Plan Hidrológico Nacional que permita coordinar los trasvases de las cuencas excedentarias a las deficitarias. No es una cuestión ideológica. Es una cuestión de racionalidad económica, justicia territorial y sentido común.