El avance autoritario encabezado por Trump amenaza los derechos humanos en todo el mundo, según HRW
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha tenido un claro efecto en todo el mundo, según Human Rights Watch: el avance del autoritarismo y la regresión de los derechos humanos, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo, como un efecto dominó en todo el tablero geopolítico. Donde antes había límites —legales, prensa libre, organización ciudadana— se ensanchan las grietas y el control a golpe de decreto, con discursos políticos que aumentan la polarización y que hasta llevan al enfrentamiento bélico.
[–>[–>[–>Ese es el diagnóstico que Human Rights Watch (HRW) plantea en su Informe Mundial 2026 publicado este miércoles. El documento recorre más de cien países, incluidos España y la Unión Europea, y poniendo un foco claro en un Estados Unidos disruptivo al que tantos otros países copian por sentirse legitimados. Con todo, observa un reordenamiento del orden mundial. HRW invita a mirar la suma: cuando caen las reglas, el coste lo pagan civiles, migrantes y disidentes.
[–> [–>[–>El efecto dominó de EEUU
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HRW sitúa a Estados Unidos como pieza por su impacto en el sistema de rendición de cuentas. En el informe, la Administración Trump aparece vinculada al conflicto de Gaza: aunque Washington medió en un alto el fuego, HRW sostiene que ha mostrado apoyo a crímenes de guerra israelíes y ha tomado medidas que profundizan la complicidad estadounidense, hasta el punto de convertir a EEUU en parte del conflicto.
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La presión también alcanza al ámbito judicial. HRW señala que fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) han afrontado intimidación y sanciones en relación con la investigación sobre Palestina, y que EEUU sancionó a un experto de la ONU y a varias organizaciones palestinas.
[–>[–>[–>Gaza y el pulso a la legalidad
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La sección sobre Israel y Palestina concentra buena parte de la alerta. HRW afirma que en 2025 las fuerzas israelíes intensificaron atrocidades que incluyen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio, además de limpieza étnica contra la población palestina en Gaza, con destrucción masiva y desplazamientos a gran escala.
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El informe subraya el bloqueo de la ayuda, la declaración de hambruna en la ciudad de Gaza y el aumento de muertes por malnutrición. Añade que la privación de agua y servicios básicos y el uso del hambre como arma de guerra chocan con medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel.
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[–>Fuera de la Franja, HRW describe el endurecimiento de la ocupación: planes récord de asentamientos y restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Este, con cientos de obstáculos y un sistema de permisos difícil de obtener.
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Cisjordania y represión en el territorio ocupado
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Por su parte, la Autoridad Palestina elevó también su represión contra la disidencia, según HRW, con arrestos arbitrarios y denuncias de tortura, mientras se restringía a Al Jazeera en el territorio ocupado.
[–>[–>[–>El informe apunta también a una respuesta judicial fuera de la región: Francia, Alemania, Bélgica y Brasil abrieron investigaciones o recibieron denuncias por presuntos crímenes en Gaza bajo jurisdicción universal.
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En el entorno regional, HRW menciona hostilidades que alcanzaron a Líbano, Yemen, Siria, Irán, Qatar y Túnez, con ataques y represalias que podrían constituir violaciones de las leyes de la guerra.
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Irán, ejecuciones y apagón
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El capítulo iraní retrata un país que responde a la tensión externa cerrándose más por dentro. HRW sostiene que, tras las hostilidades de junio de 2025, las autoridades recurrieron a detenciones masivas, ejecuciones que se contaron por miles y a un apagón casi total de internet.
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La organización añade que persisten prácticas de tortura y condiciones penitenciarias degradantes, y vincula esa continuidad con la impunidad, con referencias a procesos bajo jurisdicción universal en Suecia.
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En la región, el informe abre además un foco en Iraq, donde menciona elecciones y críticas internacionales por pena de muerte, restricciones a la expresión e impunidad.
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Niños palestinos con bidones de agua en Khan Yunes, Franja de Gaza / Abed Rahim Khatib/dpa
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La UE y el pacto migratorio
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La UE aparece como un bloque sometido a una doble presión: el endurecimiento migratorio y el retroceso de garantías democráticas en varios Estados miembros. HRW indica que, ante la entrada en vigor del Pacto Migratorio, algunos gobiernos —en concreto, Polonia, Grecia, Finlandia y Alemania— restringieron o suspendieron el acceso al asilo, mientras Bruselas impulsaba una reforma de retornos que ampliaría la detención y reduciría salvaguardas.
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En fronteras, el informe cita una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre una práctica “sistemática” de devoluciones en caliente en Grecia; y menciona litigios sobre interceptaciones vinculadas a Italia y la guardia costera de Libia, así como casos pendientes por devoluciones hacia Bielorrusia en procedimientos contra Polonia, Letonia y Lituania.
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HRW alude al deterioro del Estado de derecho en varios países, con menciones a Bulgaria, Hungría y Eslovaquia, y a la retirada húngara de la CPI. Sobre Gaza, sostiene que un informe interno de la UE halló incumplimientos de Israel bajo el Acuerdo de Asociación; aunque la Comisión propuso suspender su pilar comercial, no hubo mayorías y algunos gobiernos optaron por medidas unilaterales, mientras el Reino Unido congeló su negociación comercial.
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En migración, HRW advierte de la externalización hacia países de tránsito como Túnez, Libia y Mauritania. También menciona sanciones europeas por violaciones en Sudán y en el este del Congo.
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España y la brecha social
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En concreto, el informe sitúa a países como España en la primera línea del endurecimiento migratorio europeo y en el coste humano de las travesías: HRW subraya que, en un contexto de apoyo de la UE a tácticas represivas de terceros países y de ausencia de vías seguras y ordenadas, al menos 1.549 personas murieron o desaparecieron intentando llegar por mar a territorio comunitario en los nueve primeros meses del año, la mayoría en el Mediterráneo central.
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A la vez, describe cómo la externalización de controles —con respaldo político y financiero a países de tránsito como Túnez, Libia o Mauritania— termina trasladando la presión a las fronteras exteriores y alimenta situaciones de riesgo que acaban impactando también en los puntos de llegada españoles.
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Además, España aparece en el informe en clave social: los datos comunitarios de 2024 sitúan al país entre los que superan el 25% de población “en riesgo de pobreza o exclusión”, junto con Grecia, Rumanía y Lituania, mientras Bulgaria registra las tasas más altas.
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