El blindaje del flanco este de la OTAN desbarata los avances en la lucha contra las minas antipersona
La decisión de Finlandia, Polonia y los países bálticos de abandonar la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersona ha dejado malherido el Tratado de Ottawa, en retroceso ante el imperativo de reforzar las fronteras del flanco este de la OTAN. «Todo país tiene derecho a defenderse. Pero es irresponsable hacerlo a sabiendas de que se usan armas de efectos catastróficos, presentes y futuros, para la población civil», denunció la directora de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL), Tamara Gabelnik, ante una semana de reuniones y debates en Ginebra, coordinados por el Servicio de Acción contra Minas de la ONU (UNMAS).
La ICBL, Nobel de la Paz en 1997 a través de su impulsora, Jody Williams, es la más conocida entre las organizaciones comprometidas con la erradicación de estas armas. Forma parte de la coalición siglas como la GICHD o Centro Internacional para el Desminado. Todas ellas asisten con estupor a las decisiones de países europeos representantes del ‘primer mundo’, mientras crece además el uso de estas armas en conflictos como el de Ucrania.
Son más de tres décadas las que llevan estas organizaciones movilizando recursos para el desminado de países como Afganistán, Siria o Yemen. El informe de 2023 del Observatorio de Minas Antipersona documentaba más de 5.000 muertes en un año, un 85% de las cuales civiles, como consecuencia de minas o sus restos enterrados. Sus efectos perduran más allá del conflicto armado, recuerda el ICBL. Un 80% del territorio potencialmente agrícola afgano no es cultivable y el 60 % de Angola se considera, cuando menos, peligroso.
Rearme versus vulnerabilidad fronteriza
Finlandia, con 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, la más extensa de la UE, anunció hace unas semanas su abandono de la Convención. Se sumó así a las decisiones adoptadas por Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, todos ellos miembros de la Unión Europea (UE) y parte del flanco este de la OTAN por compartir frontera con Rusia o su aliada Bielorrusia. Noruega, que no forma parte del bloque comunitario pero sí de la Alianza Atlántica, mantiene por ahora su compromiso con la Convención.
Las necesidades defensivas de estos países son tan crecientes como legítimas, reconoce el ICBL. Se enmarcan en el rearme iniciado con la invasión de Ucrania y acelerado por la constatación de que Europa ya no puede confiar su defensa a EEUU. Polonia subirá su gasto en defensa al 5% de su PIB –actualmente en el 4,1%–. Los tres países bálticos, ahora sobre el 3%, incrementarán asimismo el gasto militar. Son los más afines a la doctrina de Donald Trump, que reclama de sus socios europeos el 5%. Finlandia, que ingresó por la vía rápida en la OTAN apremiado por la invasión de Ucrania, se compromete a alcanzar el 3% en los próximos cuatro años.
El minado como ‘opción’
Todos ellos son países potencialmente ‘codiciados’ por Vladímir Putin por razones geográficas e históricas. Sea porque pertenecieron a la Unión Soviética hasta su disolución -los bálticos-, porque fueron satélites de Moscú –Polonia– o por haber repelido en el pasado sus invasiones -Finlandia-. Empezaron a reforzar sus fronteras antes de la invasión de Ucrania, a raíz de la llamada -guerra híbrida-, consistente en empujar hacia su territorio inmigración irregular. Empezó así el blindaje fronterizo no solo con vallas convencionales, sino con alta tecnología militar. Las minas antipersonas son una pieza más en el engranaje de unos países que no vislumbran una distensión con Moscú.
Abandonar la Convención es parte de su «coherencia defensiva», según el primer ministro finlandés, el Petteri Orpo. Su Gobierno no se propone sembrar sistemáticamente de minas la frontera. Pero se reserva la ‘opción’ de hacerlo.
Las explicaciones finlandesas, polacas o bálticas no tranquilizan a los defensores de la Convención de Ottawa. Entre sus tareas prioritarias está el desminado de amplias zonas ucranianas. De su erradicación dependerá la reconstrucción del país. A su juicio, es un contrasentido que mientras se movilizan recursos aliados para desminar Ucrania, ciertos países de la OTAN se reserven la ‘opción’ de usarlas.
De la mediática Lady Di al declive
El Tratado de Ottawa entró en vigor en 1999. Dos años antes, Diana de Gales contribuyó a su visualización desde Angola, enfundada en un chaleco antibalas y con una máscara protectora sobre el rostro, en uno de esos despliegues mediáticos que rodeaban los movimientos de la princesa. Desde entonces se han destruido 40 millones de minas, según el observatorio. Se ha reducido el número de países que las fabrican de los 55 de entonces a los 15 actuales.
El número de países suscriptores del tratado estaba en 164. Entre los no firmantes están potencias habitualmente contrarias a ceñirse a compromisos internacionales, como Estados Unidos, China, Rusia e Israel. Finlandia ingresó en 2012, mucho más tarde que el resto de socios de la UE. Estará entre el primer grupo europeo en abandonarlo.
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