La iniciativa responde a la gestión de diputados de izquierda, como Enrique Santiago (Sumar), que en los últimos meses han intentado convencer al resto de grupos sobre la posibilidad de recuperar el acuerdo de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que está bloqueado en el Congreso.

Entienden que el desarrollo del legislativo requiere que las iniciativas progresistas se actualicen y aceleren.

Pero a día de hoy todavía no hay acuerdo para incluir cambios en la ley aprobada en 2015 y para la que ya se aprobó en el Congreso una moción a favor de su derogación en noviembre de 2016.

Más de nueve años y tres legislaturas después, aquella moción no vinculante que se aprobó cuando él gobernaba aún no se ha hecho efectiva. Mariano Rajoycon los votos de PSOE, Podemos, Esquerra Republicana, PDECat, PNV y Bildu.

Por un lado, los impulsores de la medida pretenden dar sentido a lo que queda de legislatura hasta las elecciones generales, cuando éstas sean, con iniciativas claramente de izquierdas y, por otro lado, son conscientes de que si no se aprobara ahora, es muy probable que no sea abordado por el próximo Gobierno.

En octubre de 2024, hace 15 meses, se anunció solemnemente un acuerdo entre el Gobierno y Bildu para reformar la norma y se presentó un proyecto de ley que, en teoría, fue aceptado por el resto de partidos del bloque de investidura. Es decir, podría tener mayoría en el Congreso.

El acuerdo supuso la eliminación de sanciones por desobediencia y falta de respeto a la autoridad que no sean objetivas, el fin del uso de pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad y la garantía de los derechos humanos en los retornos en frontera, modificando la Ley de Extranjería para priorizar la evaluación de las solicitudes de asilo antes de expulsar a las personas.

El pacto también suponía que, al parecer, el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaskalevantó el veto a la reforma de la ley.

El proyecto de ley firmado por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y PNV llegó al Congreso en octubre de 2024 y el 29 de ese mes superó todo el proceso de debate en el Pleno. Contó con 176 votos a favor y 170 en contra de PP y Vox.

Pero claro, la iniciativa ha tenido cuatro prórrogas en enmiendas en la Comisión del Interior.

Prórrogas y falta de acuerdo

La última prórroga finalizó el 18 de diciembre. y Sumar pretendía que fuera el último plazo y que se llegara a un acuerdo entre los partidos sobre las enmiendas, para que saliera del Congreso antes de fin de año.

En junio pasado, los partidos que firmaron el proyecto de ley se reunieron para deshacerlo, pero luego no pudieron hacerlo. En otoño lo volvieron a intentar, pero sin poder descongelar la iniciativa.

Hay grupos de izquierda que, como Sumar, aseguran que hay que buscar un acuerdo lo antes posible, por si la legislatura acaba abruptamente.

Entienden que estaría encabezando la lista de propuestas progresistas que justificarían el mantenimiento de la legislatura. Pero, de momento, no hay ningún acuerdo cerrado.

Estos grupos han atribuido la falta de acuerdo a la resistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a pactar una reforma que es rechazada por las asociaciones representativas de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

También explican que Juntos y Poderque no firmaron el proyecto de ley, quieren ir, por distintos motivos, más allá de lo que hace el texto presentado por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y PNV.

Por ejemplo, los de Ione Belarra quieren eliminar la posibilidad de entregas en caliente de migrantes en las fronteras. Y sus votos y los de Junts son imprescindibles.

Incluso el PNV tiene reticencias ante el acuerdo que el PSOE permitió que Bildu anunciara en 2024.

Él Pacto de investidura firmado por PSOE y Sumar en 2023 para la investidura de Sánchez aseguró: «Reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa actual que limitan los derechos de reunión y la libertad de expresión (la ley mordaza y el Código Penal).

Precisó que se garantizaría «el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica». «Implementaremos un sistema de sanciones restitutivas y reparadoras, que tenga en cuenta la capacidad económica de los sancionados. Esta nueva legislación se basará en una concepción progresista y de garantía de la seguridad ciudadana y jurídica, y priorizará la garantía de los derechos y la protección de los ciudadanos, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión y manifestación, la identificación y registro corporal, el uso de técnicas preventivas y disuasorias, así como la identificación de agentes. También garantizará la libertad de información y la transparencia informativa», afirmó. añadido.

Este propósito también estaba en el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos de la anterior legislatura.