El caos continúa después El Gobierno ha decidido aplazar un año Verifactu. A pocos días de su entrada en vigor, el Ministerio que dirige María Jesús Montero. sorprendido empresas, autónomos, empresas de software, asesores fiscales e incluso los inspectores del Tesoro con este cambio de criterio.

Mientras que el 26 de noviembre Hacienda recordó a todos los afectados que este nuevo sistema de verificación de facturas en tiempo real entró en vigor en 2026, El 2 de diciembre, este departamento cambió de opinión.. «Para las empresas cuyo periodo de implantación y adaptación de sus sistemas informáticos se inició el 1 de enero de 2026, trasladado al 1 de enero de 2027mientras que para empresas y trabajadores por cuenta propia que debieron comenzar a aplicar Verifactu el 1 de julio de 2026, «Ese período se traslada al 1 de julio de 2027». el Ejecutivo decidió en el último momento Pedro Sánchez vía Real Decreto-Ley.

El Gobierno justificó el retraso de Verifactu en la «necesaria adaptación de los sistemas informatizados de facturación» y en su intención de «garantizar una implantación ordenada y homogénea en todo el tejido empresarial». Sin embargo, días antes Hacienda impulsaba este plan de inspección de buena parte de las facturas en todo el país. Destaca la improvisación del Ejecutivo. la idea de que Sánchez habría cedido a las exigencias de Junts (por el rechazo de Verifactu por parte de las empresas catalanas) iba ganando fuerza.

El enfado de los inspectores

En este sentido, los inspectores de Hacienda han mostrado su descontento por este giro de guión, y señalan como causas «razones políticas». Así, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha «lamentado profundamente que en esta decisión «Prevalecieron motivos de interés puramente políticos».

En un comunicado emitido esta semana, el IHE ha recordado que «durante los últimos años, este proyecto se ha presentado como una pieza clave en la lucha contra el fraude fiscal, especialmente contra el uso de software de ocultación de ventas, y como un instrumento imprescindible para avanzar en la digitalización y trazabilidad de la facturación empresarial. Los reiterados mensajes institucionales sobre el cumplimiento de los plazos han generado una expectativa legítima en empresas, promotores y profesionales que han invertido recursos económicos y humanos para adaptarse a tiempo».

Sin embargo, «los cambios ocurridos y sin una explicación técnica adecuada introducen La inseguridad jurídica, penaliza el cumplimiento voluntario. y puede enviar el mensaje equivocado a la sociedad de que las obligaciones tributarias son flexibles o reversibles por razones ajenas a su finalidad», añaden.

empresas de software

Del lado de la empresas privadas y facilitadores del software que requería el Gobierno para cumplir con Verifactu, también hay malestar.

Emilio de la Fuente, director general de la empresa desarrolladora TeamSystem, expresó ayer miércoles su «sorpresa» por la inesperada decisión de Hacienda «que genera una gran inseguridad jurídica» en el sector empresarial nacional.

Aunque esta empresa especializada en la venta de software considera que su retraso significa «un salvavidas para las pequeñas empresas»ellos critican el «Preocupante desinformación» qué hay en torno a esta nueva imposición fiscal.

Según una encuesta propia, el pasado noviembre, el 63% de los afectados admitió no tener un plan definido antes de la llegada de la nueva norma de facturación. Tras la prórroga del Gobierno, la mitad de las pymes y autónomos encuestados desconocen que las fechas de implantación del Verifactu se retrasan hasta 2027.

Dudas e incógnitas

Las dudas y dilemas que han surgido en torno a Verifactu han surgido casi desde el principio. Una de las principales incógnitas es el número de afectados en nuestro país, dato que la AEAT no ha desvelado. En TeamSystem estiman que será «el 80%» de los casi 3 millones de pymes que hay en España y no se atreven a dar datos de autónomos porque reconocen la ambigüedad de la norma.

«Se supone que cualquier empresa que utilice Sistemas de Facturación Computarizada (SIF) y que quien utiliza un simple Word o Excel para hacer una factura no está obligadopero si ese Excel reutiliza o exporta datos, entonces sí», explican sus expertos.

«Es por eso, Recomendamos a las empresas contratar un servicio básico que les facilite seguro» ante multas de Hacienda que ascienden a 50.000 euros, según el consejero delegado. En tu caso son 120 euros al año. Preguntados por este diario si ya han recibido cancelaciones de empresarios que ya han contratado sus servicios, y que ahora no son obligatorias hasta el próximo año, señalan que «aún no tenemos conocimiento de eso, pero pensamos que no serán muchas por el monto que es y cuando vean que Verifactu agiliza mucho el proceso de facturación, que elimina el papel, esperamos que ellos y sus asesores fiscales se queden», declaran.

En este sentido, todavía surgen dudas sobre si las empresas que han hecho los deberes con Hacienda podrán volver un año más al método tradicional. El mismo misterio surge con quienes acudieron al SII (Suministro Inmediato de Información) para evitar Verifactu. Aún no está claro que puedan regresar.

Sectores más indignados

Además de los inspectores y las empresas de software, también los asesores fiscales han criticado la decisión in extremis del Gobierno. «Durante los últimos meses, miles de empresas, pymes y autónomos -guiados y asesorados en gran medida por profesionales del asesoramiento fiscal- han intentado adaptarse a obligaciones cuyas El alcance, el funcionamiento y las operaciones siguen planteando dudas relevantes para numerosos sectores. y, lo que es más preocupante, incluso para la propia Administración», criticó la AEDAF.

El daño entre quienes decidieron cumplir diligentemente las ideas del Gobierno es total. «Estas empresas ya habían realizado importantes inversiones, adaptado sus sistemas de facturación, contratado soluciones tecnológicas y participado en cursos de formación con la intención de cumplir puntualmente con la nueva normativa», añaden. La CEOE, ATA y patronales de todo tipo han cargado contra la improvisación y falta de transparencia del Gobierno antes y después del aplazamiento de Verifactu. Hay consenso.