El Decreto Ómnibus y la política sin responsabilidad
El llamado Decreto Ómnibus se ha convertido, una vez más, en un escenario de confrontación política que poco tiene que ver con la defensa del interés general y mucho con el cálculo partidista. No estamos ante una anomalía jurídica, sino ante una herramienta normativa utilizada históricamente por todos los gobiernos para responder con rapidez a situaciones de urgencia social y económica.
[–>[–>[–>El problema no es el instrumento en sí, sino el uso irresponsable que se hace de él cuando los derechos sociales se convierten en moneda de cambio. Este decreto incluía medidas heterogéneas de escudo social: bono social eléctrico y garantía de suministros, deducción del IVA en obras de eficiencia energética y vehículos eléctricos, exención de impuestos para autoconsumo energético, entregas a comunidades autónomas y entidades locales, exoneración de la declaración de renta para parados, ayudas por daños personales en incendios, ampliación de línea de ayudas por la «dana», congelación de cotizaciones de autónomos y compatibilidad de pensión con trabajo para médicos de primaria.
[–> [–>[–>Entre ellas figuraban dos pilares esenciales del Estado social: la revalorización de pensiones conforme al IPC y la prórroga de la protección a inquilinos vulnerables. Ambos requerían un debate político honesto y responsabilidad institucional, dadas sus consecuencias directas sobre millones de ciudadanos.
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La revalorización de las pensiones no es una concesión ideológica, sino una obligación constitucional y moral. Garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo es una cuestión de justicia social básica. Aunque el Gobierno podía haberla presentado en un decreto específico, evitando que quedara atrapada en un bloque heterogéneo, lo más grave fue que los partidos que votaron en contra utilizaran a los pensionistas como rehén político, generando incertidumbre y angustia. La alternativa responsable habría sido convalidar y tramitar el decreto como Proyecto de Ley para introducir modificaciones o acuerdos parciales, no un rechazo frontal.
[–>[–>[–>En paralelo, se difundió el bulo de que el decreto «amplía derechos a los ocupas». Es falso. Lo que se prorroga es la suspensión temporal de desahucios en casos tasados de inquilinos vulnerables, con control judicial y acreditación administrativa. No se legitima la ocupación ilegal; se evita el lanzamiento inmediato de familias sin alternativa habitacional.
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Dicho esto, la medida es socialmente necesaria, pero jurídicamente mal diseñada. La protección de los vulnerables no puede recaer sobre pequeños propietarios. Aunque las comunidades autónomas, incluida Asturias, disponen de mecanismos de ayuda y compensación, el sistema no es automático, los pagos se retrasan y muchos propietarios no cobran o desisten de reclamar.
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[–>Asturias ejecuta parte del presupuesto y ha abonado compensaciones, pero el procedimiento es complejo y depende de créditos disponibles, lo que obliga al propietario a asumir una función social que corresponde al Estado. Aquí se revela la contradicción central: proteger a los vulnerables es justo; hacerlo a costa de otros ciudadanos vulnerables, no. La justicia social no puede construirse trasladando el coste político y económico a particulares sin capacidad de decisión ni respaldo institucional.
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El núcleo del problema es un fracaso colectivo de la política. El Gobierno debió separar las medidas estructurales de las coyunturales, mejorar la arquitectura de compensaciones y garantizar financiación suficiente y pagos directos. Los partidos que rechazaron el decreto debieron anteponer el interés público, apoyando lo esencial y combatiendo lo accesorio mediante procedimientos parlamentarios ordinarios. Nada de eso ocurrió.
[–>[–>[–>El resultado: ciudadanos confundidos, pensionistas angustiados, propietarios desprotegidos y una política que demuestra que, cuando quiere, prioriza intereses partidistas sobre el bien común. Los errores y el tacticismo afectan tanto al Gobierno como a la oposición, y la víctima común sigue siendo la ciudadanía. En un Estado social y democrático de Derecho, los derechos no se negocian como fichas. Cuando se hace, la democracia se erosiona y la confianza ciudadana se resiente.
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Aun así, hay un dato tranquilizador para los pensionistas: la experiencia demuestra que la revalorización finalmente se aprueba y se paga, como ocurrió el año pasado mediante decreto corrector con efectos retroactivos desde enero. El problema real es el daño emocional y la incertidumbre innecesaria que provoca jugar con derechos sociales para fines partidistas.
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Cuando los derechos sociales se convierten en armas políticas, no gana la oposición ni el Gobierno: pierde la democracia.
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