España afronta 2025 con uno de los mayores volúmenes de gasto público opaco y bajo rendimiento económico para toda la Unión Europea. Buena parte de este desembolso se canaliza a través de estructuras paralelas a la Administración -entidades, organismos, empresas públicas, fundaciones, consorcios y entidades instrumentales- que no sólo multiplican la burocracia, sino que también dificultan la evaluación del gasto y elevan la costo fijo del estado.

Según el informe del Día de la Deuda del Instituto Juan de Mariana En 2025, España cerró 2024 con 19.834 entidades públicas activas y un número total de 41.493 millones de euros repartidos en subvenciones durante todo el ejercicio. Estos datos surgen de la información publicada en el Inventario de Entidades del Sector Público (INESP), la Intervención General del Estado y el registro oficial de subvenciones de la propia Administración.

El volumen de entidades se explica por su expansión sostenida desde principios de la década de 2000. La proliferación se concentra en Comunidades Autónomas y en las entidades dependientes de ellos. Las medidas de contención que se han anunciado oportunamente (por ejemplo, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, creada en octubre de 2012), lo cierto es que tales esfuerzos no han supuesto una reducción real.

Muchas de estas entidades administran recursos sin estar sujetas a la disciplina presupuestaria del Presupuesto General y operar con mayores niveles de rigidez y opacidad. La ausencia de un control detallado sobre sus costes unitarios –personal, contrataciones, traslados recibidos– le impide medir correctamente la productividad de la gasto público agregado.

Subvenciones sin evaluación sistemática

El informe también recuerda que el gasto total en subvenciones autorizado el pasado año 2024 ascendió a 41.493 millones de euros, una cifra superior al gasto público anual de numerosos ministerios con gran peso funcional. De esta cifra, el 48% del total correspondió a pagos del Gobierno central, otro 42% a cargo de las comunidades autónomas y el 11% restante, de las entidades locales. En total, durante el año pasado hubo 71.150 llamadas para la asignación de estos recursos.

La deriva del gasto en subsidios es especialmente relevante porque cuatro razones: en primer lugar, no forma parte de gastos considerados esenciales, como salud o educación; en segundo lugar, no genera rendimientos equivalentes en términos de ingresos futuros o ahorro público en otras partidas; En tercer lugar, la concesión de subvenciones carece de una evaluación sistemática de impacto, salvo casos aislados, por lo que estamos hablando de un campo especialmente opaco; y, en cuarto lugar, el uso de subsidios con fines clientelistas es cada vez más frecuente y exacerba la dependencia del estado y captar votantes potenciales con el dinero de todos.

Esta realidad explica por qué el IJM advierte que una parte sustancial de las subvenciones no suman crecimiento económicosino que apoya las estructuras y el gasto corriente. El documento relaciona esta dinámica con el estancamiento de la productividad y cruza tal reflexión con la constatación de que España ha exacerbado la dependencia del Estado desarrollando este tipo de programas, hasta el punto de que los beneficiarios de las subvenciones son ya más de 7 millones de personas.

El IJM cuantifica la relación entre el gasto en subsidios y la situación fiscal agregada: esos 41.493 millones equivalen aproximadamente al 82% de lo recaudado por el Impuesto sobre sociedades en 2024, un monto superior a toda la inversión pública en infraestructura del Estado ese año. Asimismo, suponen una partida equivalente a más de 2.100 euros por hogar. Si el Estado destinara esa partida a reducir el déficitEl Día de la Deuda se retrasaría aproximadamente tres semanas y el déficit sería un 80% menor.