MADRID, 11 de enero (EUROPA PRESS)-

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, ha anunciado en una entrevista que impulsarán leyes más duras y dedicarán más recursos de las fuerzas de seguridad para combatir el «extremismo de izquierda» después de que el grupo Vulkangruppe (Grupo Volcán) dejara sin electricidad a unas 100.000 personas en Berlín el pasado fin de semana.

«Estamos contraatacando y no cederemos terreno a los extremistas de izquierda ni a los extremistas climáticos. Más personal, más poderes y leyes más duras son la respuesta al terrorismo», afirmó Dobrindt en la entrevista publicada este domingo por ‘Bild’. La seguridad es una «prioridad absoluta», aunque «sin dejar de lado la lucha contra la extrema derecha», ha subrayado.

La respuesta preparada por las autoridades incluye un aumento de personal para los servicios de inteligencia y también una ampliación de las habilidades digitales para investigar la escena y los rastros digitales más rápidamente.

Activistas provocaron un incendio en un puente que sostenía cables de infraestructura eléctrica, la última de una serie de acciones climáticas contra infraestructuras y grandes empresas que comenzaron en 2011.

La Fiscalía Federal de Karlsruhe se ha hecho cargo de la investigación mientras el Parlamento alemán, el Bundestag, debate una reforma legal para proteger las infraestructuras críticas, la llamada Ley Kritis (acrónimo de infraestructuras críticas).

Según la propuesta del Gobierno, las empresas de electricidad, agua y telecomunicaciones deberían informar incidentes en el futuro y hacer planes para gestionar cualquier riesgo imaginable. También se les exigirá que proporcionen una mayor protección de los sistemas informáticos para evitar piratería o sabotaje. Dobrindt ha destacado que esta sería una segunda capa de protección.

La Asociación Alemana de Ciudades y Municipios también pide al gobierno federal una «reserva nacional para apagones» con centrales eléctricas móviles.

Según el periódico Bild, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) calcula en decenas de millones de euros los daños anuales causados ​​por los ataques de extrema izquierda a empresas e infraestructuras críticas.