Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que permitirá al Gobierno Aumentar los precios de servicios o productos en una situación de emergencia. que altera excepcionalmente la oferta y la demanda.

Según ha explicado la ministra de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo BustinduyTras el Consejo de Ministros, esta medida busca proteger a los consumidores de los abusos que se han denunciado recientemente en este tipo de situaciones, como el aumento de los precios de los billetes de avión ocurrido tras el accidente de tren en Córdoba.

En estas situaciones, según el real decreto-ley, las subidas de precios y No pueden ser superiores al máximo que han tenido en los últimos 30díasni superar en un 50% la media de esos 30 días.

«Lo que hemos visto es lo que sucede cuando no hay regulación. Hay operadores sin escrúpulos. No permitiremos abusos«, afirmó el ministro tras el Consejo de Ministros.

En este sentido, la limitación de precio podrá activarse bien junto con la declaración de una zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, o también en otros supuestos como accidente, emergencia técnica, fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a los usuarios, y se determinará mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros también podrá determinar las situaciones en las que se podrán limitar los precios, no sólo los declarados como emergencias de protección civil. La limitación de precio podrá activarse junto con la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil o en otros supuestos como accidente, emergencia técnica, fuerza mayor u otras circunstancias fortuitas no imputables a los usuarios, y se determinará mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.

El real decreto-ley incorpora criterios de flexibilidad para no tensionar la oferta y permitir subidas de precios sólo cuando esté objetivamente justificado por un incremento acreditable de costes, o si estos son necesarios para introducir nueva oferta para mitigar el déficit, siempre que ello no implique un aumento de márgenes para el operador.

Finalmente, la normativa establece que los consumidores tendrán derecho a reembolso automático de cualquier cantidad cobrada en exceso sobre el precio máximo aplicable, sin perjuicio del régimen sancionador.

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