Más protección al propietario. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este jueves el primer «índice de referencia» del Gobierno. Es un indicador de que pretende limitar la habitual actualización de rentas de los alquileres que La mayoría de propietarios e inquilinos se ponen de acuerdo para cada año del contrato.

La estadística ha fijado este límite en el 2,20%. A partir de esta primera publicación, el índice de dos decimales variará cada mes. Como ya publicamos en Mercado libre, La fórmula para este indicador incluye «el valor mínimo entre la tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC), la tasa de variación anual del IPC subyacente y una tasa de variación anual media» que fija el Gobierno y «que incorpora dos parámetros definidos conjuntamente por la Asamblea General Dirección de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía”, explica el INE. Estos dos parámetros impedirán que los propietarios se protejan de la inflación: uno estará «relacionado con el crecimiento esperado a largo plazo de dicho índice», y otro será «un coeficiente moderador de dichas diferencias», especifica el BOE.

Los intentos del Gobierno de perjudicar al propietario

Vale recordar que fue, precisamente, el Gobierno de Sánchez la que impuso en 2019 que los precios de los alquileres sólo podían actualizarse con la inflación en lugar de seguir permitiendo a propietarios e inquilinos pactar libremente (o con otros índices) las actualizaciones de los contratos de alquiler.

Entonces, el Ejecutivo tomó la decisión de vincular los alquileres al IPC debido a su deseo de perjudicar a los propietarios porque entonces el IPC apenas subió. Expertos de todos los ámbitos del sector inmobiliario criticaron unánimemente esto obstáculo a la libertad de mercado.

Sin embargo, cuando la inflación empezó a dispararse, la decisión del Gobierno atrapados a todos los inquilinos de España en el IPC. Ante esta situación, en 2022, el Gobierno dio una nuevo giro en materia inmobiliaria y limitó el aumento de los alquileres al 2%. Esta medida, además de contribuir a empobrecer a los propietarios en beneficio de los inquilinossignificó otra intervención de facto en los precios.

Desde entonces, el Ejecutivo ha ido ampliando esta limitación a la actualización de ingresos (en 2024, el tope era del 3%) hasta ahora la ha tumbado en definitiva el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta. Así, los contratos de alquiler que van a actualizar su renta a partir de 2025 y que han sido firmado desde la entrada en vigor de la Ley de Viviendael 25 de mayo de 2023 ahora deberán utilizar este nuevo índice creado por el INE para revisar su anualidad. Según el Gobierno, el objetivo de esta medida es «evitar incrementos desproporcionados en las rentas de los contratos de arrendamiento».

Los propietarios subirán los precios.

Sin embargo, desde el sector inmobiliario advierten que la implementación de este índice tendrá efectos perjudiciales sobre los precios de alquilerdesde el Los propietarios que firmen nuevos contratos subirán el precio inicial para compensar la intervención estatal.

«La medida implica una pérdida de poder adquisitivo del propietarioque para evitarlo, aumentará el precio al comienzo del contrato para protegerse de la intervención en el precio que tendrás que soportar en los próximos 5 años (los obligatorios para un contrato de alquiler). Esto ha pasado con las medidas anteriores», asegura Mercado libreLorenzo Colino, director general de Ingresos garantizados.

Colino se arrepiente «la demonización del dueño» que impulsa el Ejecutivo de Sánchez y alerta de la harto de los fondos de inversión especializada en el sector inmobiliario. «Medidas como este índice desincentivan la inversión en nuestro país porque impacta directamente en la rentabilidad de estas empresas», afirma.

Colino lamenta también que el Gobierno haya prorrogado el decreto antidesalojos hasta 2025, que contribuye a aumentar la inseguridad jurídica y favorecer la okupación. «Desde su entrada en vigor en 2020, justificada por la pandemia, los plazos para desalojar a un okupa o inkiokupa han aumentado, y eso significa que Los propietarios son mucho más exigentes a la hora de elegir inquilino dejando fuera a los jóvenes, a los que menos ganan o a las familias. Es tremendo que hayan provocado que los propietarios descarten a inquilinos con hijos menores por miedo a que se declaren vulnerable y dejar de pagar», concluye.