El Gobierno anunció antes de fin de año que ya se habían retirado 4.000 elementos de un catálogo de símbolos y vestigios franquistas de instituciones públicas y que cualquier particular, junto con las asociaciones memorialistas, podrá solicitar la eliminación de símbolos que considere contrarios a la ley.

Un movimiento que se justifica en aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022.

La activación de un real decreto permitirá la constitución de una comisión técnica que trabajará para tener listo el catálogo. La lista incluirá desde placas, monumentos y nombres de calles hasta nombres de municipios que puedan tener relación con la dictadura.

Se estima que hay hasta seis localidades que podrían verse obligadas a cambiar de nombre si entran en el catálogo: Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onísimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).

En este contexto, la Universidad Rovira i Virgili (URV) ha creado una base de datos con cerca de 4.000 inmuebles confiscados por Franco en toda España tras la Guerra Civil.

La base de datos, elaborada por el grupo de investigación Historia, Sociedad, Política y Cultura de Cataluña al Mundo (ISOCAC) de la URV, se ha basado, sobre todo, en documentos oficiales, como la ley de desamortización de 1939.

Un trabajo que quedará para consulta pública, según informa la universidad de Tarragona.

También, del libro de actas que el régimen creó entre 1940 y 1950 con los bienes confiscados a las asociaciones, sindicatos y cooperativas que consideraba de “carácter sindical marxista”.

Los autores también han realizado análisis bibliográficos de estudios existentes sobre este tema.

La base de datos permite búsquedas por municipios, tipo de decomiso, propietarios anteriores o destino y dispone de mapas por provincias y municipios con la geolocalización de los bienes.

«Es una información muy rica, que casi permite hacer un trabajo de investigación con cada entrada. Es una gran base de datos de la historia local», asegura a la agencia Efe uno de sus autores, Ginés Puente.

La obra, inédita por su exhaustividad y que pronto estará abierta y consultable, forma parte del proyecto Bienes expoliados, incautados y decomisados ​​durante la dictadura franquista en España (1936-1950).

Ha sido financiado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dentro de la subvención destinada a actividades relacionadas con la recuperación de la memoria democrática y las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

«Además de su importancia histórica, puede servir de base a posibles reclamaciones, como la demanda interpuesta recientemente por el ayuntamiento de Caldes de Montbui (Barcelona) contra el Estado para la indemnización de bienes municipales expoliados», señala la URV.

Los investigadores esperan ampliar la base de datos con más activos confiscados que no figuran en documentos oficiales e intentarán rastrear muchas de estas propiedades para descubrir a quién pertenecen actualmente.