No convenció a nadie excepto a ERC y a la Generalitat de Cataluña. Ni siquiera a los independentistas de Junts. El nuevo sistema de financiación autonómica presentado ayer por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se encontró con el rechazo mayoritario de todas las autonomías, populares y socialistas, salvo el apoyo explícito de Salvador Illa a recibir una «financiación justa». Y basta con las frases de apoyo: «Es un puntapié a la igualdad y la unidad de España»; «El sistema es un nuevo atropello»; «Romper el multilateralismo»; «Es un traje a medida de ERC y Cataluña»; «Un pacto unilateral impresentable del modelo»… Son reacciones de los gobiernos regionales a una propuesta que, según Montero, aportará al conjunto de comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027, con unos recursos totales -si finalmente se aprobara, algo imposible ahora mismo- que alcanzarían los 224.507 millones, un 47% más que los 152.484 millones de 2023, que es el último año liquidado. Un modelo que la vicepresidenta presentará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo miércoles.

Para llegar a esta cifra, Montero propondrá a las comunidades aumentar la parte de la recaudación del IRPF y del IVA que transfiere el Estado, que pasaría del actual 50% al 55% y 56,5%, respectivamente, por lo que los recursos del sistema de financiación aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros de aquí a 2027.

Este incremento supondría que «la mayor parte de los ingresos de los dos grandes impuestos españoles se entreguen a las regiones», aseguró. La ministra defendió que con el nuevo sistema ganan todas las comunidades. Pero la letra pequeña dice lo contrario. Es cierto que algunas regiones que ahora están infrafinanciadas son las que más verían mejorar su financiación, con hasta un 60% más. Según las cifras facilitadas por el Ministerio de Hacienda, Andalucía recibiría 4.846 millones de euros, Cataluña 4.686 y la Comunidad Valenciana 3.669 millones, pero el principio de ordinalidad no se cumpliría con todas las regiones, sino que beneficiaría especialmente a Cataluña y perjudicaría principalmente a la Comunidad de Madrid, que recibiría sólo 2.555 millones, casi la mitad que Cataluña cuando es la que más aporta y triplica en entregas a la segunda. El resto de comunidades se repartirán lo que queda hasta los 20.975 millones extra prometidos en financiación: Castilla-La Mancha, con 1.248 millones; Murcia, 1.188; Aragón, 629; y Canarias, 611; Baleares, 412; Castilla y León, 271; Galicia 587; Asturias, 248 y La Rioja, 25 millones.

Además, en el caso de Cantabria y Extremadura, ambas perderían con el nuevo sistema, pero el Gobierno propone reformular el Fondo de Compensación Interterritorial para establecer un tramo específico que les permita mantener su «statu quo», del que recibirían 46 y 216 millones de euros, respectivamente, algo que no se haría con Madrid.

Montero admitió abiertamente que el grueso del aumento de los fondos del Estado se centra en el mayor porcentaje del IRPF y del IVA, lo que favorece a «las comunidades más dinámicas», es decir, las más prósperas y, por tanto, beneficia directamente a Cataluña, tal y como exigió ERC. Su presidente, Oriol Junqueras, reconoció ayer sin reparos que este principio de ordinalidad –por el cual un territorio no debe aportar al Estado más de lo que retorna– sólo se puede aplicar en el caso de Cataluña y no del resto de regiones, por lo que se pone en duda el espíritu y el concepto del propio sistema: «Es cierto que el modelo respeta la ordinalidad con Cataluña. ¿Significa esto que la ordinalidad es un principio general del modelo y que se aplicará a todas las comunidades autónomas? No. Y la razón por la que no se aplicará es porque no es aplicable a todos. También ha vuelto a lanzar una amenaza directa a Pedro Sánchez respecto a los Presupuestos del Estado y los de la Generalitat, que no apoyarán «hasta que el Estado acepte traspasar la recaudación y gestión del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la Agencia Tributaria de Cataluña».

Montero tuvo que admitir que con este sistema «se corrigen diferencias injustificables, ya que el sistema tiende al principio de ordinalidad», pero la realidad es que no es equitativo y perjudica mucho a regiones como Madrid, que no alivia su situación con el supuesto «sistema de nivelación», por el que «las comunidades con una capacidad tributaria por habitante ajustada por debajo de la media reciben más recursos y las que están por encima de la media aportan más recursos al sistema, de modo que se nivela». Un sistema que beneficia directamente a Cataluña por esta ordinalidad, pero que no garantiza que sea igual para otras comunidades autónomas.