«El dinero va a llegar. Tengan la seguridad de que los 16.000 millones asignados a los afectados por la DANA se entregarán a todos aquellos que los necesiten. Pero las ayudas directas prometidas brillan por su ausencia un mes después del paso de la DANA por la Comunidad Valenciana. Estas son las palabras de ayer de la portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministros, Pilar Alegría, que informó junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre el tercer paquete del escudo social, que vuelve a incrementar las cuantías de las ayudas directas cuando las de el primer paquete aún no se ha hecho efectivo. Son las mismas palabras que ya pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera comparecencia, cuando anunció un plan de acción de 10.600 millones, pero que escondían una letra pequeña en el «contrato», ya que casi La mitad de los fondos, hasta 5.000 millones, fueron créditos garantizados por el Estado a través del ICO que deben ser devueltos. «No los vamos a dejar solos», afirmó Sánchez. La verdad es diferente.

En un segundo paquete se aprobaron 110 medidas adicionales por valor de 3.765 millones de euros, que se sumaron al plan inicial, hasta un total de 14.365 millones, aunque la mayoría de esos fondos tampoco fueron aportados directamente por el Estado. Y ayer, el Ejecutivo dio luz verde a un tercer real decreto, valorado en 2.274 millones, de los cuales 465 millones son ayudas para reponer vehículos averiados. Unos planes muy loables, pero que muestran unos plazos de ejecución que han dejado a hogares y empresas sin financiación directa para la recuperación un mes después de la tragedia.

Hacienda reconoce que 34.000 empresas, 70.000 autónomos y más de 100.000 hogares serían los potenciales beneficiarios de las ayudas. Pero, la realidad es que todavía no se ha tramitado ninguno por parte del Estado y la Generalitat Valenciana apenas ha pagado el 13% de lo prometido. De las 28.463 solicitudes, el Gobierno regional sólo ha abonado 3.646, y quedan 2.673 pendientes de subsanación. Hasta la fecha el importe pagado supera los 22 millones de euros.

Todas estas ayudas iban a estar exentas de tributación tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades y se iban a pagar mediante transferencia bancaria, pero el último paquete aprobado contiene ayudas directas para la compra de vehículos y ni el Ministerio de Hacienda ni el El Ministerio de Industria -que concede estas ayudas- pudo confirmar a LA RAZÓN si su tributación es obligatoria o no.

Además, el BOE publicó que los primeros pagos pueden empezar a llegar a partir del 1 de diciembre, más de un mes después de la tragedia y cuando miles de familias todavía están casi con lo que tienen. Desde Hacienda sólo señalan que la burocracia sigue su curso y se procederá «en los plazos que marque el real decreto». Sin embargo, ni el BOE ni el propio Ministerio responden si a partir del día 1 se pagarán todas las ayudas, si se empezarán a pagar algunas, cuáles, cuántas, si lo que se va a proceder es estudiar las solicitudes o sí, simplemente, Se enviarán comunicaciones con la concesión o denegación del dinero solicitado.

Por otro lado, empresarios, asociaciones y entidades de apoyo ya han manifestado que las cantidades aprobadas son pequeñas y, en la mayoría de los casos, apenas cubren el 20% de lo perdido por empresas y hogares. En el caso de las empresas, el importe de las ayudas depende del volumen de operaciones en 2023 y oscila entre 10.000 y 150.000 euros, mientras que para los autónomos la ayuda será 5.000 euros. Para las pymes con una facturación inferior al millón de euros, la ayuda será de 10.000 euros. Para aquellas empresas con un volumen de explotación de entre 1 y 2 millones, la ayuda será de 20.000 euros; 40.000 euros si ha sido entre 2 y 6 millones; 80.000 euros cuando se trate de un volumen entre 6 y 10 millones; y las empresas afectadas con más de 10 millones en volumen de transacciones en 2023 tendrán una ayuda de 150.000 euros. Sólo las pérdidas declaradas de las empresas en catástrofe total oscilan entre 120.000 y 140.000 euros. «Las ayudas habría que multiplicarlas por seis para que sean realmente efectivas y permitan empezar de nuevo a cientos de empresas y autónomos», denunció Lorenzo Amor, vicepresidente de CEOE y presidente de ATA.

Fuentes ministeriales aseguran que España ha solicitado formalmente a la UE la activación de la reserva de crisis de la PAC para hacer frente a los graves efectos de la DANA, así como la reprogramación temporal del Fondo Feader, pero las asociaciones agrarias denuncian que siguen esperando, con pérdidas que superar los 1.000 millones. En definitiva, medidas fiscales y laborales, préstamos blandos, exenciones y reducciones de cotizaciones que significan muy poco si no hay ayudas directas.